La Fiscalía Nacional Económica constató en el informe preliminar de su noveno Estudio de Mercado, que el porcentaje de personas que ingresa a este segmento de carreras ha tendido a aumentar, alcanzando cerca de 40% en 2023.
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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio a conocer el informe preliminar de su noveno Estudio de Mercado, que abarcó la educación superior de pregrado en el período 2007-2023, considerando a los 126 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que componen este sector.
En su informe, la Fiscalía detectó tres principales limitantes para la libre competencia: problemas asociados a la toma de decisiones por parte de los estudiantes, fallas en la divulgación de información sobre variables competitivas relevantes para los postulantes y barreras regulatorias que dificultan injustificadamente el proceso competitivo.
Estos factores provocan que la elección que realizan las personas al ingresar a la educación superior no siempre aumente sus posibilidades de encontrar empleo, ni se traduzca necesariamente en una remuneración que sea superior a la que hubieran alcanzado en caso de no haber cursado una carrera.
En el estudio, la FNE constató que 35% de las carreras de educación superior que hoy se ofrecen tiene un retorno económico negativo y que el porcentaje de personas que ingresa a este segmento de carreras ha tendido a aumentar, alcanzando cerca de 40% en 2023.
“Los datos que estamos dando a conocer confirman que la decisión de abordar el mercado de la Educación Superior fue acertada, porque hoy estamos presentando recomendaciones concretas para los problemas que detectamos en este sector que es tan sensible para el desarrollo competitivo del país”, afirmó el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.
La FNE observó también que los estudios superiores y las ocupaciones laborales se encuentran desalineados, ya que 2 de cada 5 personas declaran que su trabajo se relaciona parcialmente o poco o nada con sus estudios y 1 de cada 2 personas indica estar sobrecalificada.
El diagnóstico reveló, además, que existen importantes diferencias en la calidad de la educación que entregan las instituciones, tanto entre los subsistemas universitario y técnico profesional como al interior de éstos. En particular, se constató que las instituciones que más cobran en relación con sus costos no son las que entregan los mejores servicios educacionales.
“En este estudio identificamos tres frentes de avance para impulsar una mayor competencia entre las instituciones de educación superior en beneficio de los estudiantes, y de las familias y el Estado que financian los estudios”, explicó el Fiscal Nacional Económico.
En el caso de los problemas asociados a la toma de decisiones por parte de los estudiantes, la FNE constató que sus prioridades cambian con el tiempo, ya que al elegir una carrera predominan motivaciones vocacionales, pero cuando ingresan al mercado laboral los beneficios económicos adquieren mayor relevancia.
Además, el estudio confirmó que, pese a las complejidades que involucra optar por una carrera, esta decisión se prepara poco, haciendo un uso limitado de las herramientas informativas disponibles y que estos problemas al tomar la decisión afectan a algunos segmentos de la población más que a otros.
Así, por ejemplo, se constató que las mujeres tienden a escoger carreras con retornos económicos menores que los hombres.
Según muestra el estudio, para estos últimos, el retorno promedio de las carreras es un 8,5% superior que el de las mujeres, lo que quiere decir que, si cada carrera tuviese igual número de mujeres y hombres, la diferencia en los retornos obtenidos por cada grupo sería también de un 8,5%.
Sin embargo, cuando se pondera el retorno por el número de estudiantes hombres y mujeres que efectivamente se matricula en cada carrera en primer año, las diferencias aumentan drásticamente. Siguiendo ese enfoque, el retorno promedio de las carreras que estudian los hombres resulta aproximadamente 4,5 veces mayor que el de las mujeres.
Este contraste evidencia que los hombres tienden a concentrarse en programas con mayores retornos económicos estimados, mientras que las mujeres se agrupan en carreras con retornos menores. Así, las diferencias entre las elecciones que realizan hombres y mujeres cuando definen sus carreras podrían explicar en parte las brechas salariales observadas entre géneros en el mercado laboral.
Al problema descrito, se suma que los datos que divulgan las instituciones sobre los programas que ofrecen no responden a las necesidades de información de los postulantes y, además, no entregan los elementos necesarios para tomar una decisión con un adecuado sustento económico.
Tanto estos problemas como los asociados a las decisiones de los estudiantes impactan negativamente en el funcionamiento competitivo del sector, pues se traducen en que las instituciones de educación superior no cuentan con incentivos suficientes para competir en las dimensiones económicas que son relevantes para las personas, sobre todo en aquellas que son determinantes para su inserción en el mercado laboral.
En el caso de las barreras regulatorias, la FNE identificó espacios de mejora a nivel de la normativa que rige la administración y gestión de las universidades estatales, debido a que éstas están sujetas a algunas inflexibilidades operativas que pueden perjudicar su desempeño en un contexto de competencia.
Constató también que es posible mejorar la asignación del componente mayoritario del Aporte Fiscal Directo (AFD), que se distribuye en base a criterios puramente históricos, así como perfeccionar la regulación en materia de títulos y grados.
Respecto de este último punto, la FNE detectó que las instituciones ofrecen actualmente más de 5 mil programas, los que, pese a sus diferentes nombres, muchas veces son similares en cuanto a contenidos y habilidades que entregan a los estudiantes, dificultando innecesariamente la elección de una carrera.
Ante estos hallazgos, la FNE presentó nueve recomendaciones, que apuntan tanto a lograr mejoras en indicadores subjetivos -como el nivel de satisfacción de los estudiantes con la elección realizada- como a obtener importantes beneficios y ahorros para las familias y el Estado. El objetivo de estas propuestas es aportar a resolver los problemas detectados en la toma de decisiones de los estudiantes, la insuficiente información divulgada por las instituciones y las barreras regulatorias.
“Estamos haciendo recomendaciones para este sector porque hay evidencia clara sobre el impacto que puede tener la educación superior en el desarrollo de las personas si es que la elección de la carrera está bien enfocada. Este es un tema de política pública de primer orden que permitirá impulsar la movilidad social”, agregó Grunberg.
En el estudio se estima que, si estas recomendaciones lograran reducir en 10% la deserción de estudiantes de pregrado, y en igual proporción la cantidad de alumnos que escogen carreras con retorno negativo, los beneficios para las familias y el Estado, traídos a valor presente, ascenderían a US$ 852 millones por año, lo que representa un 13% de los ingresos anuales de todo el sistema.
Respecto a los problemas en la toma de decisiones, la FNE propone:
En cuanto a las fallas en la divulgación de información, las recomendaciones son:
En relación con las barreras regulatorias, que restringen la competencia, la FNE propone:
PURANOTICIA
