La Fiscalía Nacional Económica (FNE) resolvió archivar una investigación iniciada en marzo de 2025 contra el Instituto de Salud Pública (ISP), luego de que este último modificara la regulación aplicable al ácido hialurónico intraarticular, utilizado en tratamientos articulares.
La indagatoria se originó a partir de una denuncia que cuestionaba la Resolución N°2329 del ISP, normativa que exigía que el ácido hialurónico intraarticular cumpliera con el régimen de control sanitario de productos farmacéuticos y, por lo tanto, contara con registro sanitario para su comercialización en Chile.
Durante la investigación, la FNE constató que esta medida provocó una importante reducción de la oferta disponible en el mercado nacional. Según el organismo, se pasó de un escenario con más de una docena de proveedores y más de una veintena de productos a la existencia de una sola alternativa disponible.
De acuerdo con la Fiscalía, esta situación derivó en menores opciones para pacientes y profesionales de la salud, además de un aumento en la concentración del mercado y en los precios. Estos efectos, explicó la entidad, se relacionan con que el estándar sanitario exigido para productos farmacéuticos es más estricto que el aplicado habitualmente a nivel internacional, donde este tipo de insumos suele clasificarse como dispositivo médico.
Tras dar a conocer estos hallazgos al ISP, el organismo sanitario dictó en noviembre de 2025 la Resolución N°7784, que permite clasificar el ácido hialurónico intraarticular como dispositivo médico o como producto farmacéutico, dependiendo de su uso. La modificación flexibiliza su comercialización y amplía la oferta de productos destinados a tratamientos articulares.
Luego de este cambio regulatorio, diversos actores del mercado informaron a la FNE que podrían reingresar al país o adaptar sus productos a la nueva normativa. En ese contexto, la Fiscalía concluyó que las modificaciones implementadas eliminaron las barreras detectadas durante la investigación, por lo que decidió archivar el caso.
El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, destacó que “este caso muestra la importancia de que los organismos reguladores consideren los efectos de las regulaciones en la competencia, así como el valor de la coordinación entre instituciones públicas para corregir distorsiones y resguardar el funcionamiento competitivo de los mercados”.
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