La reunión se realizará el próximo 23 de julio y busca coordinar acciones ante una eventual formalización y el ingreso de nuevos imputados.
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La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se encuentran trabajando en constante coordinación y próximamente se reunirán para definir una ampliación de la querella por el caso ProCultura.
La investigación del Ministerio Público continúa de manera silenciosa preparándose para cuando se tome la decisión de solicitar una audiencia de formalización, según consigna La Tercera.
Pese a que parlamentarios de oposición han criticado que la causa se paralizó tras la remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, lo cierto es que las gestiones y diligencias investigativas no se han detenido.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien fue designado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para tomar la posta de Cooper y continuar con las pesquisas, despachó una serie de instrucciones particulares a detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).
Las diligencias solicitadas están centradas en dos líneas prioritarias: la que tiene que ver con la cúpula de la fundación y la relacionada con el convenio firmado entre ProCultura y el Gobierno Regional de Antofagasta para la limpieza y pintura de fachadas.
Fue en ese contexto que Castro junto al fiscal Eduardo Ríos, reactivaron la toma de declaraciones durante la primera semana de julio. Así fue como durante las jornadas del miércoles 2 y el jueves 3 del presente mes se tomó declaración a cuatro personas vinculadas al caso. Estas diligencias se llevaron a cabo en dependencias de la Fiscalía Nacional.
Los pasos de Castro no solo se han quedado ahí. Esta semana, además, se agendó una cita clave entre el equipo liderado por el persecutor regional de Antofagasta y representantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE) con el objetivo de coordinar gestiones y analizar antecedentes.
La reunión entre la Fiscalía y el CDE se da en un momento clave para el organismo que preside el consejero Raúl Letelier. Fuentes conocedoras de la indagatoria confirman que el próximo jueves 17 de julio, el Comité Penal del CDE analizará la ampliación de la querella que ya habían presentado en febrero de 2024.
Esa vez el CDE tomó una decisión cauta ya que solo se querelló en contra de la representante legal de Procultura, María Constanza Gómez, en calidad de autora del delito de “apropiación indebida”.
Ahora el CDE pretende agregar más imputados y para eso se concentrará en incorporar en su querella a directivos y algunos jefes de proyectos de la fundación creada por Alberto Larraín, Ilonka Csillag y Dolores Casanova en 2010.
Así, la reunión entre los persecutores y el CDE se realizará el miércoles 23 de julio. En el encuentro se espera que ambas instituciones aborden las inminentes solicitudes para formalizar la investigación.
Esta no es la primera vez que los equipos de la Fiscalía de Antofagasta realizan trabajos de coordinación con el CDE. De hecho, las alianzas iniciales que se fijaron en medio del caso Convenios se dieron a raíz de la denominada arista Democracia Viva.
Según fuentes del Ministerio Público, para la formalización de Daniel Andrade y Carlos Contreras, así como también para la imputación de cargos en contra de la diputada Catalina Pérez, fue esencial contar con las querellas del organismo presidido por Letelier.
Varias de estas reuniones, al igual que como ha sido en otras hebras de este caso, las ha encabezado el jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, quien ha apoyado a los equipos investigadores y ha impartido criterios comunes para estas indagatorias.
El CDE no solo se ha centrado en la arista penal del caso ProCultura sino que además lidera las labores para interponer la demanda civil para disolver la fundación de Larraín. Esto luego de que desde el Ministerio de Justicia se les requiriera activar las acciones para revocar la personalidad jurídica y así sellar su fin definitivo.
La lápida que el Gobierno le quiere poner a ProCultura no solo responde al proceso de fiscalización llevado adelante por la cartera comandada por Jaime Gajardo (PC), sino también porque se pudo dilucidar que se desviaron fondos a cuestiones ajenas a su propósito social.
Luego de analizar los antecedentes, Justicia determinó que la fundación infringió gravemente sus estatutos, “desnaturalizando el fin propio de la fundación, entendida como un patrimonio puesto al servicio de un objeto, distinto del enriquecimiento de sus partícipes, existiendo además una falta de coherencia entre los fines propios de la entidad y sus actividades en cumplimiento a dichos fines”.
Por lo mismo fue que Gajardo le requirió formalmente al CDE avanzar con las medidas para conseguir la disolución.
“Analizados todos los antecedentes aportados por la fundación, en especial lo indicado precedentemente, este ministerio puede inferir que la misma ha destinado sus esfuerzos y patrimonio a actividades distintas a aquellas para las cuales fue creada, descuidando por tanto su objeto social, existiendo una desproporción de los gastos en personal y honorarios respectos de actividades vinculadas directamente con el objeto social de esta“, se indicó en el escrito del gobierno.
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