Las fiscalías de la región Metropolitana (Centro Norte, Occidente, Oriente y Sur), junto con Valparaíso y Biobío, concentraron el 60,5% de los ingresos.
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El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, presentó la Cuenta Pública 2025 del Ministerio Público en el auditorio institucional de calle Catedral en Santiago.
El balance anual destacó por la entrega de cifras históricas, la comunicación de nuevas medidas y una visión estratégica enfocada en los próximos desafíos del ente persecutor hacia el futuro.
Al desglosar las estadísticas, la máxima autoridad del organismo detalló que a lo largo de 2025 se contabilizaron 1.917.477 denuncias. Este volumen representa un aumento de 15,8% respecto al año anterior, traduciéndose en más de 262 mil casos adicionales. Asimismo, se precisó que el 60,5% de estos ingresos se agruparon en las fiscalías correspondientes a la región Metropolitana, junto con Valparaíso y Biobío.
En el ámbito de las resoluciones judiciales, los números también mostraron una tendencia al alza. Las sentencias condenatorias superaron las 24 mil en procedimiento ordinario (un 15% más que en 2024), mientras que aquellas dictadas bajo procedimiento abreviado rebasaron la barrera de las 65 mil, anotando un idéntico incremento del 15%.
Al analizar delitos específicos, las condenas por robos experimentaron una subida de 61%. Por su parte, los ilícitos de carácter económico y tributario crecieron un 62%, y otros ilícitos contra la propiedad se dispararon en un 76%. En paralelo, se reportó un aumento de 52,4% en asociaciones ilícitas vinculadas al crimen organizado.
Un cambio profundo en la institución fue otro de los ejes del discurso. Esto, gracias a la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, normativa que habilitó 221 nuevos cupos —151 funcionarios y 70 fiscales—, a lo que se suma la reciente puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial.
Sobre este punto, la autoridad persecutora subrayó: “Hoy iniciamos una nueva etapa. Una etapa en la que la Fiscalía Supraterritorial y el fortalecimiento institucional no son solo reformas legales, sino el punto de partida de una nueva forma de persecución penal... Una etapa en la que reafirmamos, con convicción, el rol del Ministerio Público como un actor central en la protección de la democracia, el resguardo del Estado de Derecho y la seguridad de todas las personas”.
En el marco de la probidad, Valencia anunció además la pronta publicación del Código de Ética institucional, un documento que definirá principios y valores para fiscales y funcionarios. “Próximamente, se publicará el Código de Ética institucional, que establecerá principios y valores que guiarán el actuar de fiscales y funcionarios, un hito relevante para el fortalecimiento de la probidad y la ética pública”, comentó.
En el terreno legislativo, el jefe del Ministerio Público planteó la necesidad de crear una regla especial para sancionar con mayor dureza los delitos cometidos en establecimientos educacionales con armas blancas o de fuego. Al respecto, consideró: “Pertinente incorporar una regla que permita aumentar la pena de los delitos cometidos en establecimientos educacionales o en sus inmediaciones mediante el uso de cualquier tipo de arma cortante o punzante y/o elementos regulados por la Ley 17.798”.
Finalmente, respecto al combate a las bandas criminales, el fiscal nacional reiteró que resulta “imprescindible impulsar una reforma legislativa que permita modernizar y fortalecer la capacidad del Estado para identificar, incautar, administrar y ejecutar el dinero y los bienes obtenidos ilícitamente”.
PURANOTICIA
