El cofundador de la fundación y otras coimputadas fueron formalizados por fraude al fisco en el marco del caso Convenios, en una causa que también involucra al gobernador Claudio Orrego.
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El día domingo en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el cofundador y director de la fundación Procultura, Alberto Larraín, y las coimputadas en el caso Convenios, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, escucharon los cargos de fraude al fisco que la Fiscalía Regional de Antofagasta dirigió en su contra en una audiencia que comenzó el sábado.
Según consignó El Mercurio, en la causa también se encuentran imputados el exrepresentante de la fundación, María Constanza Gómez y el coordinador del proyecto en el Gore, Gabriel Prado.
Durante la segunda jornada de imputaciones, la Fiscalía pidió la prisión de todos, a excepción de Prado, quien ya quedó con arresto domiciliario total.
“De los antecedentes entregados por el fiscal, tanto en la formalización como en la justificación de las medidas cautelares, se justifica plenamente la solicitud de prisión preventiva realizada por el Ministerio Público y que este querellante también solicitará”, dijo el abogado Pablo Toloza en representación de la UDI.
De acuerdo al expediente de Fiscalía, la trama del caso Procultura cuenta con dos protagonistas, Larraín y el gobernador Metropolitano, Claudio Orrego.
“Claudio Orrego manifestó a la fundación que tenía una disponibilidad presupuestaria de $1.600 millones para diseñar el programa, desestimando para ello el presupuesto de otro proyecto por ese monto, de manera que el monto total del programa no derivó de un análisis, estudio o cálculo de costos, sino que de la simple disponibilidad presupuestaria”, indica el documento.
Además, los investigadores plantean que Larraín “tuvo el control absoluto sobre el programa ‘Quédate'. Entre sus funciones se encontró la supervisión directa de todos los departamentos de la fundación”.
“Sostenía reuniones de coordinación tanto con los jefes de área como con María Constanza Gómez, con el fin de revisar el movimiento financiero de los proyectos. Finalmente, era él quien adoptaba todas las decisiones relevantes dentro de la fundación”, añaden.
Uno de los sustentos para atribuir el delito de fraude al fisco a Larraín tiene relación con el supuesto cargo público que desempeñó antes del programa “Quédate”, lo que se da cuenta en el consejo que se realizó el 29 de junio de 2022, donde se validó el programa.
“Aprobó, por unanimidad de los votos de los consejeros presentes en sala, la propuesta del gobernador regional y presidente del Consejo, don Claudio Orrego, la ‘Transferencia Prevención del Suicidio mediante el Fomento de la Salud Mental por un monto de $1.683.788.000”, se cita en la minuta.
Y detallan que “estuvieron presentes, entre otros, Alberto Larraín, quien intervino en la sesión, y el gobernador regional Claudio Orrego, sabedor este último que Larraín en esos momentos era director de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana y, como se dijo, funcionario público”.
Defensa de Larraín
La defensa de Larraín, encabezada por el abogado Cristián Arias, argumenta que no ostentaba la calidad de funcionario público al momento de los hechos en 2022.
“No hay ningún delito de fraude al fisco. Lo esencial en un delito de fraude al fisco es que el sujeto activo sea calificado, o sea, tenga el carácter de funcionario público. Es tan sencillo como eso, además de otras razones que se van a debatir en otra oportunidad”, señalan.
Conclusiones del Ministerio Público
Otra de las conclusiones del Ministerio Público apunta a la disponibilidad de fondos públicos que había en el caso Convenios y que pudo significar un gasto mayor en Procultura.
“Entre los días 13 al 27 de mayo del año 2022, se produjo una o más conversaciones entre el gobernador Claudio Orrego y el psiquiatra Alberto Larraín, en la cual el gobernador le habría propuesto en forma espontánea a Larraín, que este estructurara un programa regional orientado a la salud mental, por un monto de $2 mil millones. Dicha manifestación y solicitud implicó el punto de partida de lo que posteriormente fue el diseño institucional del proyecto denominado “Quédate”.
Asimismo, concluyen que tras la conversación, Larraín inició coordinaciones para su impulso, lo que permite a la fiscalía sustentar la “concertación” para el presunto delito.
PURANOTICIA
