El fiscal regional Sur, Héctor Barros, junto al investigador Milibor Bugueño, realizaron esta petición ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra Oliva y parte de su círculo cercano por la rendición de gastos en la campaña para el Gobierno Regional de 2021.
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La Fiscalía solicitó una audiencia para formalizar a Karina Oliva y a otros 10 imputados vinculados al Frente Amplio por presuntamente defraudar al Estado.
Según consignó La Tercera, el fiscal regional Sur, Héctor Barros, junto al investigador Milibor Bugueño, realizaron esta petición ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra Oliva y parte de su círculo cercano por la rendición de gastos en la campaña para el Gobierno Regional de 2021.
En la acción judicial se incluye a su expareja y expresidente de Comunes, Jorge Ramírez, y a su exadministrador electoral, Martín Miranda.
Además, de otros otros siete exdirigentes de la colectividad perteneciente al Frente Amplio que trabajaron en el marco de su campaña por la Gobernación Regional Metropolitana, Camila Ríos Puebla, Jean Flores Quintana, José Robredo Hormazábal, Diego Corvalán Pérez, Juan Pablo Sanhueza Tortella, David Castillo Palma y Marcelo Riffo Sáez. También, se suma al listado a la hija de Ramírez, Ailine Ramírez Amaro.
En concreto, se les imputará delito de fraude de subvenciones, dado que el Ministerio Público constató graves inconsistencias en la rendición de gastos de la campaña de Oliva que fueron en primera instancia denunciados por un reportaje de Ciper.
A esto se suma que a Miranda se le acusará por infracción al artículo 31 de la Ley de Gasto Electoral, esto por haber entregado antecedentes falsos en su rol de administrador electoral. En tanto, a Ríos y Robredo se les encausará por apropiación indebida de dineros provenientes del erario fiscal.
Tras diversas diligencias, los investigadores establecieron que los involucrados utilizaron la Fundación Chile Movilizado como “fachada” para desembolsar millonarias sumas de dineros fiscales por servicios inexistentes a su campaña.
Asimismo, se descubrió que la ONG copió informes de un estudio que Oliva y el partido, en esa época, encargaron a la encuestadora Criteria, para de esta forma obtener de forma fraudulenta un reembolso por parte del Estado de $120 millones.
El persecutor identificó una lista de boleteros vinculados a la otrora candidata y al movimiento que nunca realizaron las actividades declaradas en el Servel. También, se acreditó que utilizaron como respaldo documentos falsificados del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Inclusive, según informó el medio citado, recientemente el Servicio Electoral presentó una nueva denuncia en esta causa, dado que hasta el momento la tienda no ha acreditado gastos que ascienden a $142.686.823 y que se realizaron gracias a aportes fiscales entre 2020 y 2021.
Debido a la solicitud de Fiscalía, se está a la espera que el 7° Juzgado de Garantía fije el día y hora para la audiencia de formalización.
PURANOTICIA
