Uno de los argumentos que se expondrán en la audiencia de sobreseimiento definitivo es que la captación de las imágenes no se realizó en un recinto particular o que no sea de libre acceso público, sino en la Zona Franca de Punta Arenas.
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Hace un mes la fiscalía regional de Magallanes confirmó la investigación penal por las filtraciones de las imágenes de la princesa de Asturias Leonor de Borbón (19), tras la denuncia que presentó la comitiva que la acompañaba.
Según El Mercurio, acusaron ante Carabineros la difusión de los registros de la infanta en medios de comunicación, reprochando a la Zona Franca de Punta Arenas por facilitar el material audiovisual a la prensa.
En ese marco, se abrió una indagatoria y este miércoles el caso llega a su fin, ya que la misma fiscalía pidió una audiencia de sobreseimiento definitivo, porque si bien los actos en que habrían incurrido guardias de seguridad fueron verificados por el Ministerio Público, se estableció que no constituyen delito, ya que se trata de una zona de tránsito público.
Quienes conocen la investigación de la fiscalía comentaron el razonamiento de los investigadores para determinar la inexistencia de delitos y la decisión de pedir esta audiencia de sobreseimiento en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.
Uno de los argumentos que se expondrán en la audiencia es que la captación de las imágenes no se realizó en un recinto particular o que no sea de libre acceso público, sino en la Zona Franca de Punta Arenas.
Otro antecedente de contexto que analizó el Ministerio Público es el de la Constitución española que en su artículo 18 protege el derecho a la propia imagen. También se tuvo en vista la ley española en su artículo 3, de 2018, que protege el tratamiento de datos personales, la cual además contempla sanciones en sede civil a aquellos que vulneren principios relacionados con la autorización para captar la imagen de un tercero.
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