Mediante la revisión de correos electrónicos y declaraciones, la Fiscalía detectó la contratación de Legalcorp, una empresa jurídica que presta asesoramiento legal en causas de tipo penal, civil, laboral, entre otras materias.
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La Fiscalía Metropolitana Oriente detectó que la Municipalidad de Maipú habría contratado a empresa jurídica para tramitar una causa que involucraba al diputado Joaquín Lavín y a su mujer, Cathy Barriga, durante la gestión de esta última.
Mediante la revisión de correos electrónicos y declaraciones, la Fiscalía detectó la contratación de Legalcorp, una empresa jurídica que presta asesoramiento legal en causas de tipo penal, civil, laboral, entre otras materias, y que tenía en su base de datos un caso que involucraba tanto a la exjefa comunal como a su esposo, según consigna La Tercera.
Allí estaría justamente la irregularidad: con dineros municipales se habría estado pagando un servicio para una persona externa al organismo. De esta forma, se deberá establecer por qué se mantenía esta relación con esa empresa.
La Fiscalía recopiló los correos donde se daba cuenta de la contratación y se los expuso a quienes llamaron a declarar. El 4 de marzo prestó su testimonio, como testigo, Carolina Paz Hervias, abogada que trabajó en el área jurídica del municipio desde enero de 2017 a abril de 2018.
A la profesional se le presentó una cadena de correos donde se tocaba este punto. Hervias explicó cuál era el servicio que prestaba esa empresa: “Efectivamente, nosotros teníamos contratado un servicio con la empresa Legalcorp que correspondía a un seguimiento de las causas de Corte, en donde nos informaban el estado de las causas y efectuaban los anuncios, suspensiones/ y otras cosas vinculadas a esos alegatos”, comentó la exfuncionaria.
Agregó que “ellos nos informaban por correo electrónico las causas que estaban en tabla y yo se las entregaba a Cristian Joannon, que era el abogado encargado de litigar en nuestro municipio. Nos enviaban también un informe semanal, por lo que recuerdo, con la información de las causas que estaban revisando”.
La abogada también relató el momento en que se encontró con el nombre de Lavín. “En general no revisaba con detención esos informes; sin embargo, en una de esas oportunidades me topé con las causas caratuladas Muñoz con Barriga y Muñoz con Lavín. No sabía de qué se trataban; sin embargo, me llamó la atención que estuviera el nombre del diputado Lavín en una de las causas que estaban haciendo seguimiento. La otra causa de Barriga no sé si era una causa del municipio; sin embargo, al menos figuraba el nombre de la alcaldesa”.
Según se aprecia en un correo de enero de 2018, Hervias solicitó no incorporar causas que no correspondían al municipio. En esa misma cadena de correos se aprecia uno de 2016 donde Felipe Contreras Huckstadt, exdirector de Asesoría Jurídica de Maipú, donde solicita a Miguel Ángel Cortés “incorporar a revisión diaria (causas importantes)”, estos dos casos.
El 25 de febrero, la fiscal Constanza Encina recibió en calidad de testigo a Felipe Contreras Huckstadt, de profesión abogado, quien se refirió a estos servicios: “Se trata de dos causas de cobranza de campaña electoral, entiendo que demandas que había interpuesto el exadministrador electoral en contra de ambos en sus respectivas candidaturas de CORE y alcalde, no recuerdo si el 2012 o 2013”.
Y agregó: “Efectivamente, yo di la instrucción de que se incorporaran estas dos causas personales de la exalcaldesa y del diputado, pero obviamente no lo hice por una decisión propia, sino que fue Carlos Fairlie quien lo solicitó”.
“Obviamente no hay ninguna ganancia para mí en que estas causas se estén viendo con este equipo de abogados, va en beneficio directo de Cathy Barriga y Joaquín Lavín, lo que demuestra que simplemente seguí la instrucción de su abogado de confianza”, agregó.
El 4 de marzo, Fairlie prestó declaración ante Encina. Aseguró que no conocía a esta empresa” y que quien solicitó la contratación fue “Felipe Contreras”. “Yo efectivamente me comuniqué con el diputado Joaquín Lavín respecto de su contratación, pero fue debido a que él me alertó previamente de estas contrataciones que Felipe Contreras iba a efectuar”.
El caso que tramitó Legalcorp se trata de la demanda que el exadministrador electoral Patricio Muñoz Campos interpuso contra el matrimonio en 2014.
En la acción civil, Muñoz afirmaba que presentó asesoría a Lavín en su elección al Congreso, lo mismo que a Barriga en las elecciones de consejera regional en comunas de Cerrillos, Estación Central y Maipú. Sin embargo, decía que el matrimonio le adeudaba cerca de $30 millones. En detalle, pedía que Lavín pagara $4.898.216 y Barriga $24.736.191.
“Los servicios que presté a cada demandado consistieron en distribución y logística de material propio de sus campañas consistentes en flayer, dípticos, volantes, calendarios, etc. de cada candidato. Material que era entregado a través de terceros en los diferentes puntos de las comunas de Cerrillos, Estación Central y Maipú a potenciales electores y/o votantes de la citada circunscripción”, explicó.
“Sin perjuicio de estas labores y servicios que presté a los demandados y que se me adeudan, además yo fui el administrador electoral de cada uno de ellos ante el Servicio Electoral, y así se acreditará en la etapa procesal correspondiente”, se añade en la demanda.
El caso terminó por abandono del procedimiento luego de que Muñoz no continuara con el proceso legal. En su sitio web, la empresa tiene un botón con “clientes destacados”. Entre ellos aparece el logo de Maipú.
El abogado de Cathy Barriga, Cristóbal Bonacic, rechaza la veracidad de este nuevo antecedente. “Eso es falso absolutamente. Las causas son anteriores al periodo de Cathy y terminaron en diciembre del 2016, ambas”, señaló.
Con todo, el profesional celebró el jueves la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó citar a audiencia de revisión de la prisión preventiva de la exalcaldesa de Maipú, lo que había sido negado previamente por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago
En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jorge Zepeda, Juan Cristóbal Mera y el abogado (i) Nicolás Stitchkin– estableció que el actuar del tribunal de primera instancia fue “arbitrario”.
En esa nueva instancia, Bonacic espera poder revertir nuevamente la prisión preventiva de Barriga.
PURANOTICIA
