El ente persecutor decidió ampararse en una de las facultades que entrega la Ley 19.913, para decretar el secreto de la indagatoria y por lo mismo se mantendrá por seis meses, es decir, hasta febrero del próximo año.
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El caso de Democracia Viva tiene una nueva arista, ya que el Ministerio Público mantiene la sospecha de la eventual comisión de otros ilícitos, entre ellos un presunto lavado de activos.
Por lo mismo, el ente persecutor decidió ampararse en una de las facultades que entrega la Ley 19.913, para decretar el secreto de la indagatoria y por lo mismo se mantendrá por seis meses, es decir, hasta febrero del próximo año.
“Por presuntos delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias, los cuales son base de ilícito tipificado en el artículo 27 de la Ley N° 19.913 (que regula la norma del lavado de activos) solicito a usted lo siguiente: Remitir todos los antecedentes de ROS, ROE, DPTE y cualquier otra información relativa a las personas naturales y jurídicas que más abajo se individualizan o se vinculan a ellas: Catalina Ilona Pérez Salinas, Daniel Francisco Andrade Schwarze, Carlos Andrés Contreras Gutiérrez, Tatiana Valeska Rojas Leiva, Fundación Democracia Viva”, indica el testo.
El fiscal Cristián Aguilar, quien indaga los traspasos de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez (RD) solicitó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) conocer cualquier reporte de operaciones sospechosas de los investigados en el caso.
El abogado querellante que representa al Partido Republicano, Sergio Rodríguez Oro, señaló que “efectivamente fuimos informados de la reserva por investigación de lavado de activos. No conocemos qué antecedente motivo dicha decisión, ya que hace un tiempo habíamos consultado y nos indicó el fiscal que no había reserva de esa ley”.
“En la medida en que la reserva sea útil para cumplir alguna diligencia, nos parece correcto. Pero si es debido al hecho de que se trata de una causa que es noticia, instaremos porque se levante, ya que actualmente hay diversas diligencias y declaraciones de imputados que se han decretado y se encuentran pendientes, las cuales debemos conocer para poder colaborar con el fiscal”, agregó.
Por su parte, Felipe Barruel y Susana Borzutzky, defensores de la Fundación ProCultura -entidad que también es objeto de investigación en la causa, pero que también está en calidad de denunciante- manifestaron que “aun cuando es una facultad legal, debe considerarse siempre el debido proceso y el derecho a defensa”.
“Y al existir cualquier vulneración que pueda afectar las garantías constitucionales del debido proceso, existen los mecanismos para poder reclamar sobre los alcances y efectos de una medida de secreto como las que afectan todas las investigaciones”, añadieron.
Además indicaron que “en este caso resulta llamativo que se dicte secreto en toda la causa, entonces se debería separar la investigación y dejar sin efecto el secreto en las aristas en que no existe presunción de lavado de activos, pues como defensa nos deja a ciegas e imposibilita ejercer una defensa eficiente y oportuna, para así culminar la causa sin dilaciones”.
PURANOTICIA
