Esta actualización se da en el marco de la preparación de la acusación formal contra la exalcaldesa de Maipú, quien ya había sido imputada en enero de 2024 por instalar una “gobernanza fraudulenta” al interior del municipio entre 2016 y 2021.
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A medida que avanza el caso judicial que involucra a Cathy Barriga, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente presentó este martes una reformalización con nuevos antecedentes clave: el perjuicio fiscal generado durante su gestión fue finalmente cifrado en $33.500 millones, según los informes periciales recientemente incorporados.
Esta actualización se da en el marco de la preparación de la acusación formal contra la exalcaldesa de Maipú, quien ya había sido imputada en enero de 2024 por instalar una “gobernanza fraudulenta” al interior del municipio entre 2016 y 2021.
La Fiscalía sostiene que la administración de la exautoridad no solo incurrió en desórdenes administrativos, sino en delitos graves. “Nosotros creemos que la sobre ejecución que se realizó en el municipio, ocultando deuda, falsificando informes, no entregando la información oficial a la Contraloría General de la República, no es simplemente un desorden administrativo, sino que es un delito, y es un delito de fraude del fisco, es una administración desleal del patrimonio fiscal”, afirmó la fiscal Constanza Encina, según consigna el diario La Tercera.
La persecutora explicó que “se reformalizaron los hechos, ya, antes de la acusación. Esto es algo habitual para hacer las precisiones correspondientes, teniendo en consideración, además, que acabamos de recibir los informes finales de los peritajes que establecen los montos ya determinados del perjuicio fiscal”.
Este nuevo cálculo de $33.500 millones coincide con el monto reportado por la Municipalidad de Maipú en noviembre de 2024, cuando solicitó el embargo de las ganancias obtenidas por Barriga en la plataforma de contenido para adultos Onfayer.
En paralelo, se desarrolló un procedimiento abreviado en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, donde dos exfuncionarios municipales fueron condenados. María Isabel Palma Barros, exdirectora (s) de Control, fue sentenciada a cinco años de presidio menor —con pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva— por falsificación reiterada de instrumento público. También quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos durante ese tiempo.
Por su parte, Luis Japaz, excoordinador de la alcaldía y cercano a Barriga, fue condenado por fraude al fisco. Cumplirá tres años y un día de libertad vigilada intensiva, deberá pagar una multa de 100 UTM y quedó igualmente inhabilitado para cargos públicos. Ambos fueron beneficiados con penas sustitutivas tras reconocer los hechos y mostrar “colaboración sustancial en el proceso investigativo”, según destacó el Ministerio Público.
Cathy Barriga participó en la audiencia de manera remota desde el Centro Penitenciario Femenino Mayor Marisol Estay, en San Miguel, donde cumple prisión preventiva. Para este miércoles está agendada una audiencia en la que se revisará si se mantiene esa medida cautelar o si se le otorga una alternativa menos gravosa.
PURANOTICIA
