Los magistrados de la Tercera Sala deberán declarar como testigos en una investigación que busca determinar si la exministra Ángela Vivanco influyó en el fallo de 2023 que ordenó a Codelco devolver equipos y pagar más de $17 mil millones al consorcio Belaz Movitec.
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La Fiscalía Regional de Los Lagos, liderada por la fiscal Carmen Gloria Wittwer, ha citado a declarar en calidad de testigos a ministros de la Corte Suprema que participaron en las votaciones de las resoluciones o fallo del litigio entre el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) y Codelco, entre 2023 y 2024.
Según consignó El Mercurio, el interrogatorio se llevará a cabo durante las próximas dos semanas, y se extendería por tres jornadas en las que el Ministerio Público recibirá los testimonios de los magistrados.
Los ministros requeridos pertenecen a la Tercera Sala (Constitucional) del máximo tribunal. Entre ellos están Mario Carroza, Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo.
La participación de estos magistrados en la causa tiene distintos matices que interesan a la fiscalía, por ejemplo, Adelita Ravanales, actual presidenta de la Tercera Sala y quien formó parte del proceso, estuvo en una resolución posterior adoptada en el litigio que no era de fondo.
En tanto, Mario Carroza, integrante de la sala al momento del fallo, quien posteriormente pidió su traslado a la Primera Sala (Civil), estuvo en el voto de mayoría en el fallo inicial.
La ministra María Cristina Gajardo sin ser titular de la Tercera Sala fue enviada por el presidente del máximo tribunal a integrar, y fue el único voto de minoría en el primer fallo, porque era partidaria de que se realizara un proceso de mediación.
La atención de los investigadores se centra principalmente en la sentencia de julio de 2023, donde se ordenó a Codelco devolver equipos y pagar más de $17.000 millones a la empresa. La mayoría estuvo integrada por la exministra Vivanco (entonces presidenta de la sala), el ministro Carroza y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry y María Angélica Benavides.
El Ministerio Público busca establecer si la exministra Vivanco ejerció influencia sobre sus pares para favorecer los intereses del consorcio CBM. En la causa se indagan los presuntos pagos realizados —a través de su pareja e imputado, Gonzalo Migueles— por los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes también enfrentan cargos en la causa.
Durante la formulación de cargos contra la exjueza, la fiscal Wittwer sostuvo que “no hay un monto en específico (de eventuales pagos a la exsuprema), nosotros tenemos montos por cada hecho; hay, por ejemplo, uno de $70 millones, otro de $45 millones".
"Esta es una investigación que está vigente, que está abierta. Una cuestión son los hechos por los cuales hemos formalizado y otra cuestión son hechos nuevos que podamos y que puedan surgir en el transcurso de la investigación", añadió la persecutora.
Para los investigadores es relevante reconstruir lo que se dijo en la Comisión de Ética de la Corte Suprema cuando se indagó a Vivanco, dado que el Poder Judicial no le dio acceso a esta información por ser de carácter reservado.
Integrantes del pleno del máximo tribunal han dicho que la disposición de los ministros citados es de absoluta colaboración. Se espera que, durante sus declaraciones, los magistrados que formaron parte de la mayoría defiendan la integridad del fallo.
El argumento principal que expondrían ante la fiscalía será de carácter técnico: los votos a favor de la empresa se habrían fundado estrictamente en los antecedentes jurídicos del expediente.
Algunos de los involucrados han reafirmado en privado que, hasta el día de hoy, mantienen su convicción sobre la resolución adoptada y descartan haber recibido cualquier tipo de compensación o presión para fallar en favor de CBM.
PURANOTICIA
