El fiscal adjunto de la comuna, Rubén Salas, instruyó el pasado viernes 5 de diciembre una nueva serie de diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI), con el fin de profundizar la causa que involucra a la exalcaldesa de San Bernardo.
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La investigación por presunto fraude al fisco en la Municipalidad de San Bernardo volvió a tomar impulso. El fiscal adjunto de la comuna, Rubén Salas, instruyó el pasado viernes 5 de diciembre una nueva serie de diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI), con el fin de profundizar la causa que involucra a la exalcaldesa Nora Cuevas (UDI) por el manejo de recursos en la Corporación Municipal durante su administración.
De acuerdo con el oficio enviado a la Bicrim de San Bernardo —al que accedió diario La Tercera— el Ministerio Público solicitó citar a declarar como testigos a todos los concejales actualmente en ejercicio. Entre ellos se encuentran Karina Leyton (PS), Leonel Navarro (P. Radical), Cristina Cofré (PC), Romina Baeza (FA), Jaime López (FRVS), Carolina Fuentealba (P. Rep.), Juan Rivera (P. Rep.), María Jesús Núñez (P. Rep.), Marcela Novoa (RN) y Mariela Araya (UDI). Esta última no solo integra el concejo, sino que además mantiene un vínculo directo con la exjefa comunal, al ser su sobrina y expareja del exjefe de finanzas municipal, Mario Astorga, también mencionado en la investigación.
La Fiscalía además pidió a la Corporación Municipal de Educación y Salud entregar la documentación completa de las rendiciones asociadas a los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), recursos otorgados por el Ministerio de Educación para mejorar los establecimientos públicos y cuya administración ha estado bajo cuestionamiento. La corporación mantiene una millonaria deuda por gastos no justificados, lo que motivó una acción judicial del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Según el organismo, entre 2015 y 2017 no hubo una rendición adecuada que explicara el uso de más de 4.000 millones de pesos, monto que habría sido destinado a otros fines o simplemente no habría sido rendido.
El actual alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), ha sido categórico al referirse a estos recursos. Señaló que “esa plata no era para sueldos ni fiestas, era para que los niños tuvieran mejores colegios”, recalcando que ahora el municipio deberá cubrir esta deuda con recursos propios, afectando directamente la gestión local.
La causa por los FAEP no es la única acción judicial que involucra a la exalcaldesa Cuevas. En 2021, el municipio presentó otra querella por fraude al fisco debido a irregularidades en subvenciones escolares entre 2016 y 2020, por montos que superarían los 20.000 millones de pesos. En el marco de esa investigación, la exjefa comunal declaró como imputada durante 2024, afirmando que delegó las decisiones operativas y técnicas en la corporación y que solo tuvo una “actitud muy macro” respecto a su funcionamiento.
El escenario político en la comuna también se encuentra tensionado. En octubre, concejales de Republicanos y la UDI ingresaron un requerimiento ante el Segundo Tribunal Electoral Regional para destituir al alcalde White por notable abandono de deberes y por generar, según ellos, un “grave perjuicio patrimonial” a la comuna. Además de subrayar las deudas histórico-financieras de la Corporación Municipal, los ediles acusan que en 2022 se habrían suscrito convenios y contratos colectivos sin respaldo presupuestario suficiente, lo que habría provocado un déficit superior a los 3.300 millones de pesos.
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