La Fiscalía pidió igualmente, en subsidio, en caso de no tener éxito, arresto domiciliario total o que se consideren otras figuras penales, como la de apropiación indebida.
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Mediante un recurso de apelación, la Fiscalía Regional de Antofagasta busca revertir la decisión del juez de garantía Patricio Álvarez, que dejó en libertad y con arraigo nacional a cuatro de cinco imputados en el caso ProCultura, estos son el exdirector de la fundación, Alberro Larraín, su exjefa de Estudios, María Teresa Abusleme, la exrepresentante legal, Constanza Gómez, el imputado al que se le da calidad de funcionario público, Gabriel Prado, y la exjefa de División del Gobierno Regional Metropolitano, Evelyn Magdaleno.
En la presentación ingresada la noche del lunes a la Corte de Apelaciones Santiago por el fiscal Cristián Aguilar, los investigadores entregan sus principales argumentos para revertir la resolución del juzgado y que se decrete la cautelar de mayor intensidad.
La Fiscalía pidió igualmente, en subsidio, en caso de no tener éxito, arresto domiciliario total o que se consideren otras figuras penales, como la de apropiación indebida.
En el escrito de 110 páginas, la Fiscalía sostiene que "no se comparte lo resuelto por el tribunal (de garantía), puesto que este interviniente entiende que los parámetros invocados de la gravedad de la pena asignada al delito, que el delito imputado tuviere asignada pena de crimen en la ley, la existencia de procesos pendientes y el hecho de haber actuado en grupo eran suficientes para otorgar la prisión preventiva de los imputados".
Y se complementa que "en relación con la actuación en grupo o pandilla no se comparte la interpretación judicial de que no procede, ya que la imputación supone una actuación de más de una persona".
Aquello, en su opinión, debiese tenerlo "en cuenta (el tribunal) al resolver esta medida por cuanto el juicio de reproche es mayor cuando participan dos o más personas en la comisión de un delito, desde un punto de vista cautelar, para estimar su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad".
La fiscalía recuerda, además, "el delito formalizado por sí solo tiene pena de crimen de cumplimiento efectivo de privación de libertad, a lo que añade su forma de comisión, bienes jurídicos vulnerados, probidad administrativa y el patrimonio fiscal afectado, que supera los $1.680 millones, y que la comunidad se vio perjudicada en una materia tan sensible como la prevención al suicidio, que no recibieron como producto el programa en su totalidad".
En otra parte de la apelación, cuyo debate se podría dar este miércoles o jueves en la Corte capitalina, se aborda la calidad de funcionario público de Larraín.
"A juicio de la fiscalía, Alberto Larraín adquirió la calidad de funcionario público desde que fue designado con fecha 8 de junio de 2022, por acuerdo del Consejo Regional Metropolitano (...) como director de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de Santiago, en el período 2022-2024".
También el recurso recuerda el rol del gobernador metropolitano Claudio Orrego. "Otro punto relevante que el tribunal no valoró adecuadamente es que la figura de coordinador que permitía el convenio suscrito entre el GORE y Procultura y que efectivamente se implementara por medio de la contratación de Gabriel Prado fue una iniciativa del gobernador señor Orrego, lo que permite sostener indiciariamente que existió concierto entre aquel, la señora Magdaleno y Alberto Larraín, y con conocimiento de la señora Gómez, que lo contrató y de la señora Abusleme, que siendo su pareja lo recomendó", puntualiza el texto.
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