Esto se señala en la solicitud que el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper, quien encabeza el caso, cuando insistió en la fallida interceptación al teléfono del Mandatario.
visitas
El Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, solicitó interceptar el teléfono del Presidente Gabriel Boric en la investigación del caso ProCultura, argumentando posibles vínculos entre el Mandatario y el financiamiento irregular de su campaña. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud por falta de fundamentos.
En dicha solicitud, el persecutor señaló que "tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó ProCultura derivaron en otros fines, específicamente, en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República (Gabriel Boric). La posible veracidad de esta afirmación se puede fundar en el antecedente anterior, es decir la estrecha relación entre Larraín Salas y el actual Presidente de la República".
La Fiscalía expuso que convenios de ProCultura con el Estado aumentaron significativamente en 2022 y 2023, y que su fundador, Alberto Larraín Salas, habría usado fondos en la campaña del actual mandatario.
Además, se mencionan transacciones entre la fundación y la expareja del jefe de Estado, Irina Karamanos, quien declaró como imputada.
Cooper defendió la viabilidad de la interceptación basándose en jurisprudencia, señalando que “Boric habría intermediado en la defensa de otras imputadas”. Afirmó que “la medida es clave para determinar su posible implicación en delitos como fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias”.
Asimismo, el fiscal destacó que “una conversación entre otras imputadas refuerza la sospecha sobre el uso de fondos de ProCultura en la campaña presidencial”. En dicha conversación, se habría mencionado explícitamente que “parte del dinero fue destinado a gastos electorales”, lo que a su juicio justifica la necesidad de profundizar en la investigación.
El fallo judicial reiteró que la inviolabilidad de las comunicaciones es una garantía constitucional y que la interceptación solo procede si existen antecedentes suficientes. La negativa del tribunal a autorizar la medida refuerza la posición de que, hasta el momento, no hay pruebas concluyentes que vinculen directamente al Presidente con un delito.
PURANOTICIA
