El fiscal Patricio Cooper pidió que haya una rectificación o enmienda respecto al "estatus de querellante" que le asignó el Séptimo Juzgado de Garantía a Hassler a la alcaldesa.
Fiscalía presentó un recurso de aclaración respecto a la condición de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en el marco de la investigación por eventual fraude al fisco en la fallida compra de la Clínica Sierra Bella.
El fiscal Patricio Cooper pidió que haya una rectificación o enmienda respecto al "estatus de querellante" que le asignó el Séptimo Juzgado de Garantía a Hassler a la alcaldesa, "indicando que está en calidad de imputada".
En el documento, el persecutor explicó que la Municipalidad de Santiago aparece como querellante en cuanto a corporación de derecho público, "no así la alcaldesa como persona natural".
"En la presente causa hay cinco querellantes, los abogados Aldo Nolberto Duque Santos y Miguel Cea Bustos, los honorables diputados Juan Eduardo Irarrázaval Rossel y Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen y finalmente la Ilustre Municipalidad de Santiago, como corporación de derecho público", señala el texto.
"La señora Iraci Luiza Hassler Jacob como persona natural no tiene la calidad de querellante y para esta parte tiene la calidad de imputada", agrega.
La defensa de Hassler también ingresó un recurso con la misma solicitud. “Ella tiene la calidad de imputada porque los Republicanos piden citarla en esa calidad en su querella. El Código Procesal Penal le da los derechos del imputado a partir de esta imputación de ellos. Que los querellantes la sindiquen como imputada no implica en modo alguno evaluación de su responsabilidad”, explicó el abogado el abogado Miguel Schürmann a radio Biobío.
Cabe señalar que en paralelo, el municipio ingresó una querella por eventual estafa en contra de los tres tasadares involucrados en la fallida adquisición del centro asistencial, la cual "no prosperó después de que un informe de Contraloría advirtiese un sobreprecio en los más de $8.200 millones que la casa edilicia estaba ofreciendo".
En ese contexto, surgió la querella por fraude al fisco, donde los querellantes apuntan a que "la propiedad estaba a $3.500 millones solo meses antes de la adquisición" y que habían más opciones, como un edificio de Inversiones Las Malvas avaluado en $3.000 millones.
PURANOTICIA