Ángel Valencia sostuvo que “los tiempos, las lógicas de la política son distintas de las lógicas de una investigación penal".
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El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a la decisión de la ministra de Defensa, Maya Fernández, de guardar silencio en el marco de la investigación por el fallido intento de compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
“Los tiempos, las lógicas de la política son distintas de las lógicas de una investigación penal. El fiscal regional de Coquimbo lleva adelante una investigación que es ampliamente conocida, por las circunstancias en las cuales se habría acordado o lanzado la venta de una vivienda que perteneció al presidente Allende”, comenzó señalando Valencia.
La máxima autoridad del Ministerio Público explicó que “esa investigación sigue por una cuerda y en aquella investigación, tal como en todas, no hay nadie sobre la ley, y las personas que tienen la calidad imputada pueden renunciar a su derecho a guardar silencio o guardar silencio, y en consecuencia eso tiene un límite, una lógica, hacen lo que mejor les conviene de acuerdo a su estrategia defensiva”
“Respecto de la política, de las consecuencias, reflexiones políticas en torno al ejercicio de sus derechos de establecer la ley, a mí no me corresponde, ni tiene opinión ni comentario”, añadió.
Asimismo, dijo que confían “en que tal como en muchas investigaciones de esa naturaleza o que tienen que ver con actos del Estado, vamos a contar con la colaboración del Ejecutivo como también de la Contraloría o de los demás que tienen en relación”.
Al ser consultado si el optar guardar silencio es colaboración, Valencia indicó que “el guardar silencio no es una forma de colaborar, pero la declaración del imputado no es una diligencia investigación, sino que es propiamente un derecho, es un derecho de una persona que está siendo investigada”.
“En consecuencia, si va a cooperar o no cooperar penalmente en esa investigación penal, si se va a prestar declaración o no se va a prestar declaración como defensa, es una decisión que le corresponde al imputado, a su defensa y no procede a que el Ministerio Público emita una opinión sobre el particular”, acotó.
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