Fiscal Nacional revela que 10 persecutores cuentan con escolta personal y otros ocho mantienen distintas medidas de protección

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, sostuvo que la Constitución actual permite establecer un régimen penitenciario especial para líderes de la delincuencia organizada, aunque afirmó que un reconocimiento constitucional de este sistema evitaría “muchas discusiones”, ante la posibilidad de que cabecillas del Tren de Aragua terminen recluidos en cárceles chilenas.

“Nosotros creemos que hoy día nuestro marco constitucional permitiría hacer una reforma legal de esa naturaleza, sin embargo, es plausible jurídicamente las opiniones de quienes consideran que sería conveniente tener un reconocimiento constitucional a la existencia de un régimen penitenciario diferenciado”, comentó en entrevista con radio Pauta.

Agregó que “nos evitaría muchas discusiones. La Constitución es importante que sea estable, pero tampoco un hueso santo”.

También recordó la creación de la Fiscalía Supraterritorial, para la cual fue necesaria una reforma constitucional: “Me parece que es un asunto que tiene que resolver el Congreso. Nadie podría afirmar que sería contraproducente una reforma constitucional de ese tipo”, dijo.

La máxima autoridad del Ministerio Público comentó la posibilidad de que los líderes del Tren de Aragua terminen recluidos en cárceles chilenas y es “por eso es que venimos desde hace años insistiendo en la importancia de modernizar nuestro sistema penitenciario, en establecer un régimen especial para los líderes de la delincuencia organizada”.

Además, explicó que Chile exigió la extradición de algunos de estos criminales, dado que “no teníamos ninguna certeza de que si lo entregábamos no quedase en libertad y estuviese de vuelta en algunas semanas. Entonces necesitábamos juzgarlos y recluirlos en Chile”.

“El Estado chileno ha optado por el camino democrático del Estado de Derecho. ¿Y cuál es el camino democrático del Estado de Derecho? Presentar a estos sujetos ante la justicia y que tus sujetos respondan ante la ley. Pero eso implica sistema carcelario", aseguró.

En la entrevista, el Fiscal Nacional se refirió también a los 22 alcaldes y 18 fiscales, que actualmente cuentan con medidas de protección: “Todos estos casos a los que le estoy haciendo alusión son medidas de protección que surgen como consecuencias de amenazas que tienen por objeto intimidar o amedrentar a quienes están trabajando contra la delincuencia organizada”, comentó.

Explicó que 18 fiscales tienen medidas de protección debido a causas que investigan, amenazas o eventuales atentados. De ellos, 10 cuentan con escolta personal y ocho mantienen otros resguardos. 

“Hemos tenido que recurrir no solo a protección policial, hemos tenido que trasladar fiscales de domicilio, trasladar a sus familias de domicilio. Eso ha ocurrido con bastante frecuencia”, reveló.

Aseguró que “no podría afirmarse que amenazas de este tipo provienen solo de una banda”.

Valencia contó, además, que han existido planes para asesinar a fiscales, pero que no se da a conocer para “no fortalecer la imagen de esas bandas”.

“Lo que ocurre es que el Ministerio Público en general este tipo de soluciones no las difunde, porque, insisto, difunde el temor en la población, porque lo que pretenden hacer es intimidarnos y amedrentarnos. Entonces preferimos trabajar de manera reservada, porque también es la manera más eficaz de abordarlo”, cerró

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