Ángel Valencia llegó este jueves a Países Bajos para entregar a la Corte Penal Internacional los antecedentes de la carpeta investigativa del caso del exteniente venezolano.
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El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, llegó a Países Bajos para entregar este viernes ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, las pruebas que maneja el Ministerio Público para acreditar el vínculo entre el gobierno venezolano con el crimen del exteniente Ronald Ojeda.
En un oficio que el fiscal Sur Héctor Barros, quien dirige la investigación, envió a Valencia el pasado 21 de marzo, se señala que se “tiene conocimiento de que el homicidio con secuestro de Ronald Ojeda Moreno tiene una vinculación política con el gobierno de Venezuela”, según consigna Meganoticias.
La máxima autoridad del Ministerio Público ya ha adelantado que los antecedentes que van a presentar en la instancia son “contundentes”.
“Hemos identificado que el asesinato de Ronald Ojeda fue encargado desde la cúpula de la organización criminal Tren de Aragua, bajo instrucciones que provienen de altos mandos vinculados al gobierno de Venezuela”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que “este hecho fue planificado como un crimen por encargo con una clara motivación política, en respuesta a la oposición que Ojeda representaba hacia el régimen de Nicolás Maduro”.
En el oficio enviado a Valencia, el persecutor Metropolitano Sur indicó que “en el común de los delitos cometidos por el Tren de Aragua, los secuestros se producen para pedir altas sumas de dinero por la liberación de las personas secuestradas o como mensaje a otros delincuentes cuando no se someten a los lineamientos de la organización criminal”.
“En este caso no fue posible establecer ninguna motivación distinta al móvil político, por cuanto no existió ningún llamado extorsivo, no se intentó obtener dinero para la liberación, no se encontró nada en la vida de la víctima que lo relacionara con alguna actividad delictual”, se menciona en el documento.
Además, se apunta a la participación de Walter Rodríguez en el secuestro y se comenta que ingresó al país “solo para cometer este delito y sale rápidamente una vez que se lleva a cabo”.
En el oficio también se plantea que “en casi la totalidad de los casos en que se realizan secuestros por la organización en algún lugar en que se mantengan cámaras, siempre existe una persona encargada de llevarse tanto los DVR y los teléfonos de posibles testigos para no ser detectados, lo que no ocurrió en este caso, lo que hace suponer que la intención era que se observara por toda la población que la PDI estuvo a cargo del trabajo, avalando la tesis gubernamental venezolana”.
Respecto a la forma en que se asesinó a Ojeda, en el documento se asegura que “corresponde a una forma de tortura utilizada por agentes de inteligencia del Gobierno Venezolano, y conforme a información proporcionada por disidentes del Gobierno Venezolano en distintos medios de prensa”.
La carpeta investigativa cuenta con tres declaraciones de imputados que apuntaron que la ejecución de Ojeda respondió a un móvil político y que fue encargado desde Venezuela. “Se habría producido por traicionar a la patria, y fue ordenado por el Gobierno de Venezuela, planificado por los líderes del Tren de Aragua y ejecutado por sus integrantes que operaban en Chile”, se precisa.
Una de las declaraciones de los involucrados señala que “quien ordenó el secuestro fue un político venezolano, de nombre Diosdado Cabello”.
Junto con esto, en los teléfonos de los detenidos se encontró que en un grupo de WhatsApp que tenía como nombre un ícono de una bandera pirata, uno de los líderes de la organización, apodado el "Turko", Rafael Gámez, escribió que “la orden viene de arriba” y que “le dieron la confianza”.
PURANOTICIA
