Desde 2019 en adelante, el país comenzó a enfrentar estructuras delictuales más complejas, vinculadas a organizaciones extranjeras como el Tren de Aragua. “Se pasó de un modelo de bandas locales a grupos transnacionales sin arraigo en el país, sin antecedentes claros, y con mayor uso de violencia, extorsión y armas de fuego”, explica.
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Con una trayectoria de 25 años en el Ministerio Público, el fiscal Héctor Barros se ha convertido en una figura clave en la lucha contra el crimen organizado en Chile. Especializado en la persecución de bandas narcotraficantes, actualmente lidera el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), desde donde observa cómo la criminalidad ha evolucionado de forma drástica, particularmente en la última década.
El 16 de junio de 2005 se cumplió un hito institucional: se instauró la reforma procesal penal en la Región Metropolitana.
En entrevista con La Tercera, Barros considera que “su impacto fue profundo. Hace 20 años, los esfuerzos del Ministerio Público se centraban en combatir agrupaciones locales como ‘Los Cara de Pelota’ y ‘Los Cara de Jarro’, dedicadas al tráfico de drogas en sectores como La Legua”.
Según el fiscal, “estas organizaciones estaban compuestas principalmente por clanes familiares y operaban en territorios bien definidos”.
“Aquel escenario permitía investigar desde lo territorial y desde las redes familiares. Conocer a los miembros, rastrear el lavado de dinero y desarticular completamente una banda era posible”, recuerda. Pero esa lógica cambió radicalmente tras la pandemia y el fenómeno de la inmigración ilegal, que Barros considera uno de los principales catalizadores de la transformación criminal.
Desde 2019 en adelante, el país comenzó a enfrentar estructuras delictuales más complejas, vinculadas a organizaciones extranjeras como el Tren de Aragua. “Se pasó de un modelo de bandas locales a grupos transnacionales sin arraigo en el país, sin antecedentes claros, y con mayor uso de violencia, extorsión y armas de fuego”, explica.
El caso del ciudadano venezolano vinculado al asesinato del teniente Ronald Ojeda se convierte en un emblema de este nuevo tipo de delincuente: ingresó al país pocos días antes de ser formalizado por delitos graves. Para Barros, “este nivel de profesionalismo criminal era impensado en el Chile de hace una década”.
“Uno de los cambios más significativos ha sido la aparición de secuestros extorsivos. A diferencia de los secuestros asociados al mundo narco -como las ‘quitadas de droga’-, ahora se ejecutan como mecanismo de control territorial y financiero. Las bandas menores deben pagar tributos a organizaciones mayores, y quienes no lo hacen, enfrentan represalias que pueden culminar en homicidios”, detalla el fiscal.
Barros destaca el caso de “El Enjambre”, una banda que operaba en Providencia cometiendo robos violentos de celulares. A pesar de su perfil delictual relativamente común, dependían de una estructura superior vinculada al Tren de Aragua, la cual controlaba el territorio y exigía pagos periódicos. “Ese tipo de subordinación criminal no existía en Chile. Ahora es una constante, y lo que comenzó con enfrentamientos entre extranjeros ya afecta directamente a ciudadanos chilenos”, advierte.
Un ejemplo reciente de esta expansión es el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quien fue liberado gracias a la intervención oportuna de las autoridades. Sin embargo, Barros reconoce que “los secuestros que antes afectaban principalmente a extranjeros, ahora tienen como víctimas cada vez más a nacionales”.
Según cifras entregadas por ECOH, los delitos de secuestro en la Región Metropolitana aumentaron un 28% durante el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. En junio, el porcentaje de casos se distribuyó en un inusual 40% para secuestros y 60% para homicidios, lo que representa una variación preocupante en las tendencias criminales.
Ante este panorama, Barros señala “la necesidad de fortalecer la persecución supraterritorial del delito y centrar los esfuerzos en atacar los mercados ilegales que financian estas redes: drogas, explotación sexual, y comercio de objetos robados. No se trata solo de capturar a los líderes, sino de desmantelar los sistemas económicos que sustentan estas organizaciones”, enfatiza.
El fiscal también hace una advertencia directa a la ciudadanía. Según él, la demanda de bienes y servicios ilegales —como celulares robados, drogas sintéticas, o servicios sexuales vinculados a trata de personas— perpetúa el crimen organizado. “Participar en delitos comunes perpetúa el crimen organizado. Si usted consume esos servicios, también tiene las manos manchadas de sangre como el Tren de Aragua. Está financiando estas redes, y eventualmente puede terminar siendo víctima de extorsión”.
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