El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, explicó esto por la "cantidad de gobiernos regionales que están involucrados y otros intervinientes".
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El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, se refirió a la apelación ingresada ante la Corte Suprema que busca revertir el fallo de la Corte de Apelaciones que declaró ilegales las escuchas telefónicas a Josefina Huneeus en el marco del caso ProCultura.
“Fue una decisión que adoptamos luego de haber tenido una reunión de coordinación en lo relativo al traspaso de un cúmulo muy abultado de antecedentes de la investigación del caso Procultura, que llevaba el fiscal regional Patricio Cooper”, indicó.
El persecutor señaló que “los argumentos que estén en ese recurso y que se presentaron ante la excelentísima Corte Suprema, nosotros los vamos a presentar y los vamos a debatir justamente allí. Por lo tanto, no me voy a extender ni me voy a referir al contenido del escrito”.
En cuanto al caso, Castro dijo que tienen “experiencia con las investigaciones del caso Convenios, como ustedes saben, tenemos varias, una cual ya está bastante avanzada, con personas formalizadas, con personas en prisión preventiva, con desafueros incluidos y, por lo tanto, sabemos lo que significa una investigación de esa naturaleza”.
“Y esta tiene las mismas características de complejidad, pero, además, por la cantidad de gobiernos regionales que están involucrados y otros intervinientes, tiene una tremenda complejidad”, complementó.
El fiscal recalcó que “solo el traspaso de los antecedentes de investigación más la evidencia de naturaleza digital y además la evidencia de naturaleza material, física, es un esfuerzo bastante grande, que ya comenzamos a realizar desde el pasado día viernes haciendo las coordinaciones con el equipo de la Fiscalía Regional de Coquimbo”.
“Hay dos equipos de ambas fiscalías regionales que están trabajando en el traspaso de este cúmulo antecedentes, de manera tal de poder continuar con la investigación de la forma más expeditiva y más rápida posible”, añadió.
El persecutor recalcó que “la función del Ministerio Público, y en este caso particularmente de la Fiscalía Regional, es siempre, y así lo hemos dicho, investigar todos los hechos que puedan ser constitutivos de delito y la participación de cualquier persona que pueda tener responsabilidad en los hechos, a cualquier título que sea, sea como autor, sea como cómplice y como encubridor, con absoluta y total presidencia de la calidad de la persona, de la ideología, de la religión, de la raza, del sexo o de su condición, tal cual como lo establece nuestra Constitución Política de la República”.
“Más allá de lo que puede ocurrir en el mundo político y las aseveraciones que se hagan respecto de esta investigación, nuestra misión es la investigación de delitos, en este caso, delitos que afectan la probidad pública y que además afectan, en general, a la población a quien están destinados estos fondos públicos”, subrayó.
(Imagen: La Segunda)
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