El jefe del Ministerio Público indicó que "no se filtra todo, afortunadamente, pero esto es la consecuencia de un problema estructural que tiene su origen en un mal diseño legal".
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El fiscal nacional, Ángel Valencia, analizó las filtraciones de causas en curso, en particular sobre el caso de la frustrada compraventa de la Clínica Sierra Bella, en la comuna de Santiago, y la divulgación de los chats entre la diputada Carol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler.
En conversación de Radio ADN, el persecutor aclaró que “no se filtra todo, afortunadamente, pero esto es la consecuencia de un problema estructural que tiene su origen en un mal diseño legal, en un diseño legal defectuoso, y que la fiscalía ha tenido que sobrellevar por décadas”.
Respecto al origen de esas filtraciones, indicó que “no se puede descartar que haya filtraciones que se originen en la fiscalía. Pero concluir que, en cada oportunidad en que antecedentes de una investigación son publicados por la prensa, eso no necesariamente proviene de la fiscalía. No se condice con los hechos, no se condice con la realidad. No es ni justo, ni correcto, ni tampoco muy prudente, ni razonable”.
Asimismo, el persecutor desestimó que exista una operación política dentro de la fiscalía nacional. “Si eso ocurre de esa manera, no se origina en la fiscalía nacional, y lo digo con altísimo nivel de certeza de que tampoco en nuestra unidad de la fiscalía”.
Una de las críticas frente a la filtración de casos es una presunta “selección” de la información que se conoce públicamente, comparando los intercambios de chats entre Cariola y Hassler y el caso que involucra a Andrés Chadwick.
Al respecto, Valencia expresó que “no me parece que sea una acusación muy razonable. Hay mucha información sobre el particular circulando, y yo no quisiera ser alarde de todo lo que se ha filtrado en este caso para demostrar que hay un empate de irregularidades. Solo insistir en que aquí hay un problema que es estructural".
El fiscal señaló que han abordado esta problemática a través de presentaciones dirigidas al Ministerio de Justicia. En dichas instancias, destacó que en octubre remitieron un oficio en el cual especificaron las acciones tomadas, como la inversión en tecnología y la adopción de nuevos criterios para los fiscales en relación con la confidencialidad de los antecedentes.
“Ustedes advirtieron que el fiscal Cooper ha destacado en gran medida que el primer informe se entregó con partes tarjadas. Eso es consecuencia de una instrucción general que impartimos el año pasado. Eso no se hacía”, explicó Valencia.
“Esto hemos planteado que necesita ser mejorado, necesitamos perfeccionar las normas que permitan que, en estas causas que tienen relevancia política, cualquier ciudadano de a pie pueda presentar una querella si cuenta con un abogado, y luego, por esa vía, transformarse en interviniente en la causa. Como consecuencia de nuestra legislación, tenemos que entregar copias de todo lo que se investiga”, añadió.
“Ese problema estructural es que la ley nos obliga a entregarle copias de la investigación, a partir de ciertos momentos, a cualquier persona que se haga parte del caso. Copias íntegras de la investigación”, señaló.
“La ley tiene sanciones muy débiles e incluso, a veces, ni siquiera establece sanciones para quienes entregan esas copias a la prensa. Entonces, no se nos puede hacer responsables de lo que otros hacen si, además, se nos obliga a entregar las copias a un conjunto de personas”, complementó.
El fiscal Valencia planteó la necesidad de normar quiénes pueden ejercer acciones judiciales en causas políticas y establecer restricciones para el acceso a los antecedentes. “Que se nos permita, mediante resolución judicial, excluir aquellos antecedentes que no tienen relación con la causa propiamente tal, aquellos que son privados, etc., de manera que ni siquiera tengamos que tarjarlos, sino simplemente excluirlos. Hoy día no podemos hacerlo legalmente”.
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