Alcalde de Recoleta fue querellado por los presuntos delitos de negociación incompatible y prevaricación administrativa.
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Para el 11 de abril quedó fijada por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de preparación de juicio oral en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por los presuntos delitos de negociación incompatible y prevaricación administrativa.
El caso investigado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte tiene que ver con una disputa legal que se originó hace varios años entre la autoridad comunal y la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista, por la construcción del proyecto habitacional «Conjunto Armónico Bellavista», de acuerdo a la información consignada por radio Biobío.
Según el alcalde, dicho proyecto habría vulnerado “gravemente” la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, por tener “una envergadura manifiestamente superior a la que la ley urbanística permitía en el lugar donde se emplaza”, según un decreto emanado en 2014, que ordenó la demolición de dos edificios.
A raíz de este hecho, el entonces concejal Mauricio Smok (UDI) presentó una querella en junio de 2017, a la que se sumó después la compañía inmobiliaria, en la cual detalla una serie de “intervenciones” por parte de Jadue para impedir que se construya la obra, como la dictación del decreto exento para la demolición de la construcción, la que no cumpliría con la normativa legal.
Smok indicó que estos hechos daban cuenta de una “desviación de poder” con el fin de “perjudicar un contribuyente de la comuna afectando la legalidad con que debe actuar el municipio de Recoleta y afectando su patrimonio”.
La inmobiliaria también se querelló en 2017 por los delitos de negociación incompatible mediante tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Mientras que la defensa del Alcalde, formada por los abogados Ciro Colombara, Aldo Díaz y Paula Altamirano, han solicitado al tribunal el sobreseimiento de su defendido, situación que se ha dilatado por falta de antecedentes por parte de los querellantes.
Incluso, los querellantes llevaron el caso al Tribunal Constitucional, acusando al Alcalde por los mismos delitos imputados, requerimiento que fue acogido por el TC.
Pero tras agotada la investigación por parte del Ministerio Público, donde no formalizó a nadie, la defensa de Jadue ingresó un recurso de apelación al tribunal, indicando que las presentaciones realizadas por la parte demandante son “improcedentes” atendido por extemporáneas.
PURANOTICIA
