El abogado de la familia, Sebastián Andrade, acusó acercamientos indebidos, como llamadas insistentes y visitas no acordadas al domicilio, con el objetivo de que la madre de Vargas firme documentos relacionados con pagos de seguros y pensiones.
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Desde la defensa de la familia de Franco Vargas, conscripto que murió tras la marcha en Putre, acusaron “hostigamiento” por parte del Ejército en medio de la investigación.
Recordemos que, durante la jornada de este viernes, la Corte Suprema concedió la orden de no innovar y le ordenó al Ministerio Público y al Juzgado de Garantía de Arica abstenerse de seguir conociendo y decretar diligencias.
Lo anterior, en tanto no se resuelva el fondo de contienda de competencia trabada en la investigación por el denominado caso Conscriptos.
La decisión nace tras una solicitud presentada previamente por el Ministerio Público Militar, con el fin de no afectar la investigación del caso.
Tras conocer la decisión, el abogado Sebastián Andrade, quien representa a la madre de Franco Vargas, acusó que ha existido “hostigamiento” de parte del Ejército con su representada, respecto a la firma de documentos.
En conversación con CNN Chile, el abogado descartó que exista amedrentamiento. “Creo que es muy pronto para poder aseverar algo como eso (…) en el caso de mi representada afortunadamente no”, dijo.
Aún así, comentó que “sí ha tenido muchos acercamientos que han sido un poco indebidos, quizás han caído un poco en el hostigamiento por parte del Ejército”.
“Me refiero a esto con llamadas insistentes, con mensajes a través de WhatsApp, con idas a su domicilio en horarios no acordados y con lo que ello implica también para mi representada”, complementó.
Esto, dijo Andrade, “con el objeto de conseguir que ella firme documentos, que dicen relación con pagos de seguros, pagos de pensiones y otros documentos que nosotros preferimos revisar primero”.
“Había un documento que le querían hacer firmar, en que el Ejército afirmaba o determinaba que lo que le ocurrió a Franco Vargas habían llegado a la convicción de que fue un accidente y que por tanto le correspondía una pensión. Ese documento casi que se lo hicieron hacer firmar muy rápidamente en su domicilio, nosotros lo revisamos y por supuesto no lo firmamos”, ejemplificó.
Consultado por si cree que hay intención, el abogado respondió al medio antes citado “yo creo que sí, una intención de buscar una víctima vulnerable y que rápidamente, quizás, firme ciertos documentos que a ellos los pueda exonerar o ayudar en responsabilidad”.
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