El extitular de la cartera de Educación advirtió que la normativa publicada recientemente sobre bienestar escolar sobrecarga a los planteles sin entregar soluciones de fondo ni recursos adicionales.
Tras la reciente publicación en el Diario Oficial de la "Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas", el exministro de Educación, Raúl Figueroa, manifestó su respaldo a la aplicación de una mayor disciplina en los recintos escolares.
Sin embargo, el otrora secretario de Estado puso una nota de cautela al señalar que esta normativa no constituye una solución definitiva al conflicto de violencia que afecta al sistema.
En conversación con Emol, quien actualmente se desempeña como director de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, planteó sus reparos sobre el impacto real de la legislación en el día a día de los establecimientos. "La ley lo que hace, a mi juicio, es ponerle más exigencia a la escuela, y hacerle más difícil la tarea a los colegios. Y entregarles facultades, pero no necesariamente entregarles la solución, entregarles el peso de tener que resolver y sin entregarles recursos”, sostuvo Figueroa.
La exautoridad ministerial enfatizó la necesidad de mantener la vigilancia sobre las expectativas que genera la nueva normativa, subrayando que “hay que estar muy atento y que no vayamos a pensar que como tiende a pasar en Chile, porque se dicta una ley que tiene el nombre del problema, el problema está resuelto, digamos. Eso no va a pasar".
Respecto a la implementación de medidas de seguridad física en los establecimientos, como el control de pertenencias, el exministro reconoció su utilidad relativa pero limitada. "Yo entiendo que, si un colegio quiere poner un detector de metal o quiere revisar las mochilas, haciéndolo razonablemente bien, va a transmitir seguridad a esas comunidades, pero está muy lejos de ser la solución al problema”, puntualizó.
Figueroa profundizó en los riesgos que enfrentan los trabajadores de la educación ante situaciones críticas, citando tragedias recientes para ejemplificar la vulnerabilidad del personal. "porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si detectan que un joven quiere entrar con una pistola y él se pone violento?, porque lo que vimos en los casos en Calama, por ejemplo, con la inspectora que terminó falleciendo, muchas veces ellos para proteger a la comunidad se ponen por delante, tratan sin ninguna experiencia (...) No le puedes exigir que tengan esa experiencia", argumentó.
Asimismo, el experto en políticas públicas reiteró que el escenario actual presenta desafíos complejos de gestión para los directivos, quienes deben lidiar con nuevas obligaciones administrativas. "yo creo que hoy día tenemos una batería de herramientas que son esta nueva ley, que la verdad que le va ha hacer más difícil la gestión a las escuelas y con detector de metales o revisión de mochilas que está muy lejos de hacer la solución", añadió.
En esa misma línea, recalcó la importancia de otorgar apoyo institucional a las autoridades de cada plantel cuando se enfrentan a episodios de violencia. "Y al mismo tiempo ocurre que cuando se dan hechos de violencia tú tienes que tomar medidas y ahí hay que respaldar también, a mi juicio, a los directores de los colegios para que tomen medidas disciplinarias fuertes", manifestó.
Finalmente, al ser consultado por la ley Aula Segura, Figueroa recordó la naturaleza de dicha herramienta y criticó su aplicación actual. "es una ley bien sencilla que lo que hace es que facilita la posibilidad de tomar medidas disciplinarias fuertes como la expulsión en caso de hechos muy graves. En la práctica no, porque políticamente se le ha quitado el piso a quienes pretenden ejercer esa herramienta", concluyó.
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