De acuerdo a esta información, en el recurso los abogados sostienen que las escuchas se realizaron sin sospechas fundadas ni motivos legales, ya que Huneeus no figuraba como investigada en la causa que dirige el fiscal regional Patricio Cooper.
visitas
Josefina Huneeus Lagos, ex esposa del fundador de Procultura, Alberto Larraín Salas, presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de las resoluciones del Juzgado de Garantía local, que autorizó los "pinchazos" a su teléfono celular. En estos se interceptaron conversaciones de la mujer con el Presidente Gabriel Boric.
Según informó radio Bío Bío, el recurso fue presentado por los abogados Alejandro Awad Cherit y Miguel Schürmann Opazo, representantes legales de Josefina Huneeus Lagos, quien denunció “espionaje” de la Fiscalía Regional de Coquimbo, a cargo de la investigación en el caso Procultura, que ahora derivó en eventual financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Boric.
De acuerdo a esta información, en el recurso los abogados sostienen que las escuchas se realizaron sin sospechas fundadas ni motivos legales, ya que Huneeus no figuraba como investigada en la causa que dirige el fiscal regional Patricio Cooper. “La medida se decretó por error, bajo la suposición de que el número pertenecía a otra persona”, señala el escrito de 20 páginas.
Además, destacan que las conversaciones interceptadas —incluyendo una con el Presidente Boric— carecen de relevancia penal.
El recurso enfatiza que el Ministerio Público y el tribunal actuaron fuera del marco legal al calificar a Huneeus primero como testigo y luego como imputada sin antecedentes concretos. “Pretendieron ‘mantener’ una interceptación ilegal mediante resoluciones sin fundamentación“, agrega el documento.
El texto también revela que la primera interceptación, autorizada el 2 de octubre de 2024, apuntaba al número asociado inicialmente a Larraín. Sin embargo, el teléfono pertenecía a Huneeus desde hace dos décadas. Pese a detectar el error, la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó mantener la medida el 16 de octubre, argumentando que Huneeus "tenía conocimiento de los hechos investigados".
El Juzgado de Garantía de Antofagasta accedió, aunque la solicitud fiscal no citó normas ni presentó pruebas, según se lee en el libelo de amparo. “El tribunal autorizó la interceptación como si Huneeus fuera imputada, pese a que ni siquiera se le atribuía participación en los delitos”, denuncian los abogados. Las renovaciones posteriores (6 de diciembre de 2024 y 10 de febrero de 2025) replicaron este vacío legal.
Entre las conversaciones interceptadas figura una llamada del 14 de octubre de 2024 entre Huneeus y el Presidente Boric, previa a la resolución que “legalizó” las escuchas. Este registro se usó para intentar interceptar el teléfono del Mandatario, solicitud rechazada el 12 de noviembre por falta de fundamentos.
El documento subraya que, en sus solicitudes, la Fiscalía describió a Huneeus como testigo, no como sospechosa. Un correo de la PDI del 14 de octubre señaló: “Ella estaría en conocimiento de las acciones de Procultura y aportaría antecedentes”. No obstante, el tribunal la trató como imputada sin justificarlo, plantean los juristas.
"Existe un nombre para las intromisiones ilegales a la vida privada de las personas, espionaje", añade el recurso de amparo.
En esa línea, los abogados citan fallos de la Corte Suprema que invalidan diligencias sin fundamentación.
"La resolución del 16 de octubre carece de motivación. ¿Qué sospechas fundadas existían? Ninguna", afirma el recurso. Finalmente, critican que las renovaciones se aprobaron sin nuevos antecedentes; según los abogados, “el tribunal premió la ambigüedad de la Fiscalía”.
PURANOTICIA
