La investigación resulta relevante, dada la urgencia expresada por el Gobierno en torno a recuperar los espacios fiscales ocupados ilegalmente y darles uso legal y público.
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Las 34 mayores megatomas del país suman más de 200 mil hectáreas y el 75% de esos suelos corresponde al Estado. Así lo establece un estudio de la oficina de urbanismo Atisba Monitor, la cual perteneció al actual ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien vendió su participación y posteriormente renunció.
La investigación resulta relevante como insumo, dada la urgencia expresada por el Gobierno en torno a recuperar los espacios fiscales ocupados ilegalmente y darles uso legal y público.
Así lo ha reiterado –según consigna El Mercurio– la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, quien al hacerse cargo del tema recalcó que es prioritario para su cartera, asegurando que ya se encuentran haciendo un levantamiento de la situación de los terrenos tomados al fisco.
Consultada sobre la magnitud de las usurpaciones que afectan espacios y propiedades estatales, la ministra planteó que “estamos actualizando los antecedentes sobre terrenos e inmuebles fiscales con ocupación irregular, para determinar su situación jurídica y el grado de control efectivo del Estado”.
Respecto de las acciones que lleva a cabo, detalló que “comenzamos a reunirnos con diversas organizaciones y autoridades que conocen en terreno esta realidad, para abordar el problema y encontrar soluciones”.
Parot adelantó que una vez que concluya esta etapa, “comenzaremos a recuperar lo antes posible los terrenos usurpados, mediante las acciones judiciales que correspondan, en coordinación con los organismos pertinentes”.
La directora ejecutiva de Atisba Monitor, Caroline Iribarne, señaló que la mayor proporción de terrenos fiscales en las usurpaciones obedece a que “el Estado tiene grandes extensiones de terreno y, por lo mismo, mayor disponibilidad de suelos”.
Agregó que “en su minuto, el déficit habitacional y la presión migratoria llevaron a que muchas personas buscaran soluciones informales vía usurpaciones”.
En cuanto a las capacidades de Bienes Nacionales para establecer la magnitud de los terrenos usurpados, consideró que “el problema no es de atribuciones, sino que una capacidad operativa y tecnológica para levantar la información, cruzarla y hacer un monitoreo continuo”.
Sobre las herramientas requeridas, la experta detalló que “debe hacerse un catastro georreferenciado, que se base en imágenes satelitales y frente a cualquier modificación del terreno se generen alertas. Hay un desafío tecnológico de resguardo de estos terrenos”.
En relación con los tiempos para concretar el catastro, estimó que "seis meses es un tiempo razonable”. Sin embargo, en cuanto a los procesos de desalojo argumenta que “eso va a ser más lento, porque tenemos varias usurpaciones que se han ido consolidando en el tiempo, con niveles de violencia críticos".
"Así se puede ver, por ejemplo, en tomas de Antofagasta, de camino a Melipilla o de Cerrillos; entonces, intervenir y recuperar esos terrenos requiere de una acción de desactivación de las redes delictuales que están en los campamentos, porque si no, va a ocurrir lo que pasó en San Antonio, donde hubo disparos", advirtió.
PURANOTICIA
