Las comunas con mayores pérdidas reportadas son Maipú ($33.515 millones), Viña del Mar ($23.979 millones) y Las Condes ($15.000 millones). En un rango menor aparecen Iquique ($6.545 millones), Graneros ($5.000 millones) y Rancagua ($3.200 millones).
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El Observatorio de Prensa de Corrupción Municipal, elaborado por la consultora Imaginacción, revela un panorama preocupante. El informe, que abarca desde agosto de 2024 hasta julio de 2025, da cuenta de que en 44 de las 346 municipalidades del país (13%) se registraron públicamente informaciones sobre alcaldes o funcionarios denunciados, investigados, formalizados o incluso condenados por hechos de corrupción.
“El flagelo de la corrupción municipal es un fenómeno que lamentablemente lleva muchos años siendo denunciado con fuerza por la prensa. Nosotros hemos realizado un registro de las noticias los últimos cuatro años”, explicó a La Tercera, la autora del estudio, Claudia Miralles.
“Esta cifra equivale a 273 mil sueldos mínimos, a tres teletones completas y casi al 6% del Fondo Común Municipal”, agregó Miralles.
Lo grande del problema se aprecia no solo en el dinero defraudado, sino también en el impacto que genera en la confianza ciudadana. El informe señala que más de 4,5 millones de habitantes viven en comunas donde hubo denuncias de mal uso de recursos fiscales, lo que representa casi una cuarta parte de la población nacional.
En concreto, se examinaron 478 notas de prensa y 312 de ellas corresponden a corrupción municipal, y otras 166 a licencias médicas fraudulentas en instituciones municipales.
El estudio precisa que los delitos más frecuentes en las publicaciones revisadas fueron el fraude al Fisco (210 menciones), la malversación de caudales públicos (131), el cohecho (109) y el lavado de activos (114). También se registraron casos de falsificación de instrumento público (38) y delitos tributarios (26).
En cuanto a la distribución geográfica, Maipú y Puerto Montt concentran la mayor cantidad de publicaciones relacionadas con corrupción, con 67 y 62 notas respectivamente. Les siguen Puente Alto (23), Tierra Amarilla (19) y Rancagua (9).
Sobre la "distribución política de los municipios involucrados", el estudio consigna que los independientes lideran con 20 casos, seguidos por el Partido Socialista (15), la Unión Demócrata Independiente (12), Renovación Nacional (9), la Democracia Cristiana (4) y el Partido Comunista (2). En la categoría “otros” se agrupan partidos como PPD, PR, Demócratas y Pro.
Al analizar los montos defraudados de que se habla en medios, las comunas con mayores pérdidas reportadas son Maipú ($33.515 millones), Viña del Mar ($23.979 millones) y Las Condes ($15.000 millones). En un rango menor aparecen Iquique ($6.545 millones), Graneros ($5.000 millones) y Rancagua ($3.200 millones).
El informe también menciona a alcaldes, exalcaldes y funcionarios vinculados con investigaciones, entre ellos Daniel Jadue (Recoleta), Cathy Barriga (Maipú), Virginia Reginato (Viña del Mar), Raúl Torrealba (Vitacura) y Miguel Ángel Aguilera (San Ramón).
Del total de autoridades y funcionarios investigados, acorde con las notas de prensa, 47 se encuentran bajo indagatoria, 28 fueron formalizados, 12 condenados y solo un caso ha concluido sin cargos: la investigación contra la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC) por la fallida compra de la exclínica Sierra Bella.
Una de las principales alertas del período analizado fue el uso fraudulento de licencias médicas en instituciones públicas revelado por la Contraloría General de la República. El estudio dice que se ha dado cuenta de 20.998 licencias falsas en 330 municipios y corporaciones municipales, con 166 notas publicadas sobre este tema. Y que se ha reportado que en 12 de esas comunas se iniciaron acciones legales.
La práctica, considerada también como un acto de corrupción por el uso indebido de recursos estatales, afectó la atención de público, la gestión de permisos, la entrega de licencias de conducir e incluso las listas de espera en la atención primaria de salud.
“Esto implica un perjuicio directo hacia los ciudadanos, que buscan en los municipios servicios tales como licencia de conducir, atención primaria de salud y beneficios sociales, entre otros. Cada vez que hay un funcionario menos por estar disfrutando de una licencia falsa, hay ciudadanos que quedan sin atención”, explica la académica.
El documento recuerda que, en el Primer Observatorio, que cubrió tres años (2022-2024), el promedio anual defraudado de lo reportado en prensa alcanzó los $144 mil millones, prácticamente la misma cifra del segundo informe. Esto, según sus autores, refleja una preocupante constancia en los niveles de corrupción municipal en Chile.
“Estamos frente a un fenómeno estructural que exige reforzar los controles internos y externos de los municipios, además de transparentar de mejor forma el uso de los recursos públicos”, plantea el análisis.
El Observatorio concluye que la corrupción municipal no solo erosiona la confianza de los vecinos en sus autoridades, sino que también debilita la provisión de servicios básicos en las comunas más afectadas.
En palabras del informe, el fenómeno representa una “descomposición de la ética funcionaria” que golpea directamente a la ciudadanía, sobre todo al verse relevado en medios de comunicación.
PURANOTICIA
