"No era el típico artefacto explosivo que encontrábamos habitualmente con pólvora negra, sino que de un alto explosivo", explicó el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros.
El Ministerio Público entregó detalles de la investigación relativa al artefacto explosivo que fue colocado este jueves en Las Condes, específicamente frente a oficinas del Grupo Angelini en avenida El Golf.
El objeto fue exitosamente retirado por el GOPE de Carabineros, mientras que la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que se trataba de una bomba. Posteriormente, el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, detalló que consistía en un tubo de pvc negro con explosivos, un temporizador y cables.
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, dio a conocer los avances de la indagatoria y advirtió que se trataba de un elemento "de alto poder de destrucción”.
“Lo que puedo decir por ahora es que era un artefacto explosivo, efectivamente, y que era de alto poder de destrucción. No era el típico artefacto explosivo que encontrábamos habitualmente con pólvora negra, sino que de un alto explosivo”, consignó el persecutor en Radio ADN.
Barros aclaró que “la lógica de trabajo que hemos tenido con los equipos especializados de OS9, el Gope y Labocar de Carabineros es no referirnos mucho en los primeros momentos al aparato concretamente”.
Sin embargo, explicó que “este artefacto lo podemos comparar más que nada con el artefacto enviado al ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter” en julio de 2019, enfatizando que en este caso “es de un poder de destrucción mayor”.
El fiscal aludió a la reciente condena de 45 años de cárcel para Camilo Gajardo Escalona, declarado culpable de varios atentados explosivos entre 2017 y 2019, entre los que aparecen la bomba que detonó en la casa del entonces presidente de Codelco, Óscar Landerretche.
“La investigación del juicio que acaba de determinar, la sentencia de esta semana, solamente respecto a un hecho que estábamos llevando a juico comenzó el año 2017, y lo detuvimos recién en 2019", señaló Barros.
El representante del Ministerio Público explicó que se trata de “personas que son de un perfil muy difícil de determinar, son sujetos que trabajan en la oscuridad básicamente y con muy pocos nexos y recursos, entonces son muy difíciles de pesquisar”.
Y pese a que recalcó que "todavía no vamos a emitir un juicio concreto", acusó que "esto se enmarca en los movimientos básicamente anarquistas, entonces cada vez que hay detenciones y periodos de celebración de algunas detenciones aparecen las colocaciones de estos artefactos explosivos”.
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