El candidato presidencial del Partido Progresista (PRO) se refirió al tema y calificó al Mandatario de ser “el presidente de sus negocios”.
Según la investigación «Pandora Papers» del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Sebastián Piñera estaría entre los mayores accionistas del proyecto Minera Dominga con 33% de sus acciones, y habría vendido la empresa minera a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas.
Ante aquello, el Mandatario señaló que “hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”.
Frente a eso, el candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, se refirió al tema y calificó a Piñera de ser “el presidente de sus negocios”.
“Hoy se vuelve a confirmar que el Presidente de Chile es el presidente de sus negocios, Sebastián Piñera nuevamente ha fallado, le ha fallado a su pueblo, no ha sido transparente. Hoy se confirman transacciones de decenas de millones de dólares por negocios que tenían y dependían de la decisión del Presidente de la República. Ese conflicto de interés, esa falta de transparencia obliga a la oposición unirnos para exigir su renuncia”, expresó en un video.
Luego agregó que “corresponde que, de manera responsable, el Presidente dé un paso al costado, está rota la confianza, se trata -ni más ni menos- del medioambiente, de nuestros hijos e hijas que deben vivir en una tierra sana con un Presidente transparente”.
“No están las condiciones para que un Mandatario, ante tamaña denuncia, continúe en su cargo”, proclamó.
Además, el candidato del PRO emplazó a la carta presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a “no repetir el error de salvar al Presidente ante acusaciones gravísimas”.
Por último solicitó “a la oposición estar unida y avanzar –derechamente- hacia una comisión investigadora,hacia el uso de una herramienta constitucional que existe, la norma del artículo 52, que exige una acusación constitucional por hechos de la más alta gravedad. Chile no puede estar en manos de alguien que solamente cuida los negocios familiares y no los intereses de la patria”.
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