"Este trámite configura una garantía de que los jueces van a tener un antejuicio que los proteja de acusaciones ligeras o sin fundamento, por delitos inexistentes, que se les atribuyan como cometidos en el ejercicio de sus funciones”, señala el fallo de la Suprema.
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La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público en contra de exministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Antonio Poblete Méndez, en el marco del caso de espionaje a periodistas y funcionarios del Ejército.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte imputó a Poblete como autor de 15 delitos consumados y reiterados de interceptaciones telefónicas ilegales y nueve delitos consumados y reiterados de falsedad ideológica, ilícitos que habría cometido durante el ejercicio del cargo.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por el ministro Manuel Antonio Valderrama, las ministras María Cristina Gajardo, Eliana Quezada y los abogados (i) Álvaro Vidal y Eduardo Gandulfo– confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que consideró que existen méritos para acceder a la acción de la fiscalía, que busca presentar acusación contra el exministro.
La querella de capítulos, conforme al artículo 424 del Código Procesal Penal, tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad de los jueces por actos que hubieren ejecutado en el ejercicio de sus funciones, e importaren una infracción penada por la ley, tratándose de delitos ministeriales y no de delitos comunes, los que se someten a la normativa procesal penal general.
"Este trámite configura una garantía de que los jueces van a tener un antejuicio que los proteja de acusaciones ligeras o sin fundamento, por delitos inexistentes, que se les atribuyan como cometidos en el ejercicio de sus funciones”, señala el fallo de la Suprema.
La fiscalía ya presentó acusación contra el exmagistrado, quien arriesga hasta 20 años de cárcel por los 15 delitos reiterados de interceptación maliciosa de comunicaciones contra nueve personas y los 9 ilícitos de falsificación ideológica de instrumento público.
La fiscalía también presentó acusación contra el exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Schafik Nazal, para quien pidió las mismas penas.
Los afectados eran denunciantes del fraude al fisco en la institución castrense, periodistas y otros funcionarios del Ejército, que fueron investigados por motivos laborales e, incluso, amorosos, según la indagatoria.
Entre los medios de prueba se cuentan 92 testigos, entre ellos, el magistrado de la Corte Suprema, Mario Carroza, por el período en que ejerció en la Corte de Apelaciones de Santiago como encargado de resolver solicitudes de medidas intrusivas de organismos de inteligencia, y los exministros de Defensa Baldo Prokurica y Mario Desbordes.
PURANOTICIA
