La resolución de la justicia señala que “esta Corte estima que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad".
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La Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó la prisión preventiva de los funcionarios de Carabineros A.D.P.B. y C.A.P.F., imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de extorsión, cohecho y amenazas condicionales, ilícitos que habrían perpetrado en enero del año pasado en la comuna de Melipilla.
En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros María Carolina Catepillán Lobos, María Teresa Díaz Zamora y Carlos Farías Pino– revocó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Melipilla, y decretó el ingreso en prisión de A.D.P.B. y C.A.P.F., por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
La resolución señala que “esta Corte estima que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad de conformidad con lo dispuesto en la letra c) del artículo 140 ya mencionado. En efecto, se tiene presente el cargo que ostentaban al momento de la comisión de los ilícitos, la forma de comisión y el bien jurídico protegido, todo lo cual torna en insuficiente las restantes medidas cautelares previstas por el legislador a los efectos normados en el inciso segundo del artículo 139 del referido cuerpo legal”.
Según la fiscalía, alrededor de las 21:30 horas del 5 de enero de 2024, la víctima F.D.G., de nacionalidad boliviana, conducía un furgón de transporte de pasajeros por la comuna de Melipilla. En la intersección de las calles Fleck y Hurtado, fue fiscalizado por los imputados, el teniente de Carabineros A.D.P.B. y el cabo primero C.A.P.F.
El cabo procedió al registro de las vestimentas de la víctima y a sustraerle, con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, la suma de $1.200.000 en efectivo. En tanto, el teniente revisó la documentación de la víctima, quien no tenía licencia profesional para transportar pasajeros, pero no procedió a detenerlo, debido al dinero sustraído. Asimismo, el cabo C.A.P.F. amenazó a la víctima con privarlo de libertad si protestaba.
En tanto, el 8 de enero 2024, en un estacionamiento particular ubicado en la comuna de Melipilla, el cabo primero C.A.P.F. nuevamente le sustrajo a F.D.G otra cantidad de dinero ($40.000), bajo la amenaza de “lo dejamos así o te llevo detenido”.
Durante la misma jornada, 8 de enero 2024, alrededor de las 17:50 horas, R.Z.A. de nacionalidad boliviana, conducía un minibús y fue fiscalizado en la intersección de Camino Viejo con calle Ortúzar en la comuna de Melipilla, por teniente A.D.P.B. y el cabo primero C.A.P.F. en dicho contexto el oficial le indicó que mantenía una situación judicial pendiente, razón por la que sería detenido y privado de libertad durante 21 días.
Una vez que R.Z.A. abordó el carro policial, el teniente le preguntó qué podía hacer para evitar la detención, a lo que el conductor dijo que le podía dar $300.000, monto que el imputado rechazó, acordando finalmente la suma de $1.500.000. La "negociación” se realizó en presencia del coimputado C.A.P.F., quien amenazó de muerte a R.Z.A. en caso de que contara lo sucedido a terceros.
Posteriormente, los imputados se trasladaron al domicilio de R.Z.A. a fin de retirar el dinero acordado, lugar donde se les hizo entrega de la suma de $950.000 y, de vuelta al lugar de la fiscalización, la víctima solicitó a un conocido la suma de $50.000 que también entregó a los imputados, quienes se retiraron del lugar sin adoptar procedimiento alguno pese a que R.Z.A. no contaba con licencia profesional que lo habilitase para conducir vehículos con pasajeros.
Asimismo, durante “el procedimiento” los imputados solicitaron a R.Z.A su número de teléfono, quien les proporcionó el de su pareja, L.C.Q., la cual, el 12 de enero de 2024, recibió una llamada del teniente con la finalidad de cobrar los $500.000 que faltaban de la suma inicialmente acordada, amenazándola con proceder a la detención de R.Z.A. de no pagar.
PURANOTICIA
