Las firmas señalan que algunos de los efectos que produciría esta iniciativa en el sector pesquero industrial son el cierre de compañías y de plantas productoras en el norte y sur.
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Las empresas pesqueras anunciaron las primeras demandas contra el Estado si se materializa el proyecto de ley de fraccionamiento, el cual se encuentra impulsando el Ejecutivo en el Congreso.
Las firmas señalan a El Mercurio de Santiago que algunos de los efectos que produciría esta iniciativa en el sector pesquero industrial son el cierre de compañías y de plantas productoras en el norte y sur del país, paralización de la construcción de nuevas instalaciones productivas y la pérdida de miles de puestos de trabajo.
El proyecto que está siendo discutido en el Parlamento busca reducir las cuotas de extracción vigentes hasta 2032 de las compañías industriales y aumentar las de los pescadores artesanales.
La iniciativa plantea reducir a los industriales las cuotas en la pesquería del jurel, que explica el 87% de la recaudación fiscal del sector. Además, el crecimiento anual del volumen de ese recurso para Chile, autorizado por la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), será licitado a la industria, lo que elevaría la concentración, afirman en el rubro.
Los cambios en la pesca del jurel son los que más preocupan a empresas industriales, las cuales ya están afinando demandas en sedes judiciales locales e incluso del exterior.
Así lo reconocieron los gerentes generales de cuatro de las siete pesqueras industriales más relevantes del país: Ricardo García, de Camanchaca (familia Femández); Andrés Daroch, de FoodCorp (finna de capitales noruegos); Gerardo Balbontín, de Blumar (grupo Sarquis y Vinagre), y Andrés Fosk, de Landes (familia Fosk).
Estas cuatro firmas representan cerca del 60% de la industria del jurel de la zona centro sur del país y, aproximadamente, 80% de la producción pesquera para consumo humano directo, mencionaron.
"Es una muy mala ley, que parte de un principio netamente ideológico. Se están vulnerando derechos adquiridos", señaló el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín.
El ejecutivo afirma que, al ser una compañía abierta en bolsa, “tenemos una infinidad de accionistas, muchos de ellos aportantes de AFP o fondos de inversión, y tenemos la obligación de defender sus intereses. La compañía está contemplando recurrir legalmente en todas las sedes que sea necesario en el caso de prosperar la ley como está”.
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