Delegado Presidencial de la región Metropolitana informó que fueron detenidas dos personas: una mujer por lanzar objetos contundentes contra Carabineros y trabajadores, y un hombre por mantener droga al interior de una estructura.
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El Delegado Presidencial Metropolitano, Gonzalo Durán, anunció que el desalojo del campamento Dignidad en La Florida demorará entre tres y cuatro días, tras lo cual el terreno será “inhabilitado”.
La medida contempla la creación de zanjas y otras intervenciones físicas para impedir futuras ocupaciones.
La autoridad explicó que se utilizará maquinaria pesada para remover escombros y alterar la superficie: “Van a remover, van a formar zanjas y generar dinámicas en la superficie del terreno que van a impedir la instalación de viviendas”.
Además, se proyecta el cierre del lugar y la construcción de un parque, lo que implicará una intervención de mediano y largo plazo.
La estrategia responde al alto riesgo del terreno -ubicado a menos de 30 metros de la ribera de la Quebrada de Macul- y busca frenar el negocio ilegal de arriendo y venta de sitios.
En el operativo fueron detenidas dos personas: una mujer por lanzar objetos contundentes contra Carabineros y trabajadores, y un hombre por mantener droga al interior de una estructura.
El desalojo, considerado el más grande en la región Metropolitana en los últimos cuatro años, involucra a 300 efectivos de Carabineros más personal municipal.
Durán subrayó que esta acción no es improvisada, sino el resultado de un proceso iniciado hace más de un año y medio: “Nos hemos dado la tarea de trabajar colaborativamente con todas las instituciones del Estado, con todos los servicios públicos, a objeto de que este retiro programado, este desalojo programado, cuente con múltiples fórmulas de apoyo a las familias que cumplen con los requisitos”.
El desalojo afecta a 194 viviendas y cerca de 600 personas. Las familias están siendo reubicadas en albergues, casas de familiares o mediante el subsidio de arriendo entregado por el Ministerio de Vivienda, que cubre hasta $500 mil mensuales por un año.
La fecha del operativo fue coordinada para evitar reocupaciones, ya que "varias familias están tomando materialmente el subsidio de arriendo”, explicó Durán.
La coordinación incluyó al Serviu, la Seremi de Vivienda, la Seremi de Desarrollo Social, la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), “procurando el máximo de opciones de apoyo a las familias y, por otro lado, resguardando los derechos y dignidad de las personas”.
Consultado por las personas que no accedieron a los beneficios, Durán indicó que se realizaron al menos cinco operativos de intervención en terreno y un catastro actualizado: “Si hay personas que no concurrieron a ninguna de estas posibilidades, es o porque no quiso o porque, aun cuando haya querido, no cumple con ninguno de los requisitos para ningún beneficio de ninguna naturaleza”.
El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, quien acompañó a Durán, agregó: “Efectivamente hay un grupo de personas que, por distintas razones, porque no cumplen con parámetros de vulnerabilidad, o incluso se encuentran en situación migratoria irregular, malamente podrían acceder a estas soluciones”.
Pese a ello, el delegado hizo un llamado a quienes se encuentren en situación de alta vulnerabilidad -niños, adultos mayores o personas con discapacidad- a acercarse al municipio para explorar alternativas específicas.
Por su parte, el jefe comunal destacó que la operación se ha desarrollado “en completa calma” y que las personas “han hecho abandono del lugar de manera voluntaria”.
PURANOTICIA
