Lo primero que realizó fue dictar una resolución en que modificó de forma estructural el funcionamiento del ente fiscalizador y eliminó seis jefaturas.
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Dorothy Pérez asumió este lunes como contralora subrogante tras la salida de Jorge Bermúdez y lo primero que realizó fue dictar una resolución en que modificó de forma estructural el funcionamiento del ente fiscalizador y eliminó seis jefaturas.
Según dio a conocer el diario La Tercera había expectación de cómo sería su arribo. Llegó a primera hora y se reunió con su círculo más cercano. Su primera medida fue pedir la renuncia del jefe de gabinete, Tomás Mackenney. ¿La segunda? Dictar dos resoluciones en las que reestructura por completo el funcionamiento del organismo.
Una de ellas cuestiona la gran cantidad de funcionarios que existían en la “era Bermúdez” en la jefatura de gabinete, por lo que decidió pasar de nueve unidades a solo tres, y para ello argumentó el buen control de los recursos públicos.
“Del análisis organizacional efectuado, se advierte que el Gabinete y la Secretaria General, para las labores de apoyo o soporte que realizan cuentan con una dotación de 363 personas con 42 jefaturas, en tanto que existen Unidades Jurídicas Regionales que solo cuentan con 2 o 3 abogadas u abogados cada una, para atender todas las consultas legales de los servicios públicos y de la ciudadanía, en sus respectivas regiones”, indica la resolución.
Asimismo, existen Unidades de Control Externo a nivel regional que solo cuentan con 8 fiscalizadores, para examinar y controlar todas las entidades y recursos públicos en sus respectivas regiones”, agrega.
Junto con esto Pérez desliza una férrea crítica a cómo se utilizó el personal de su exjefe. “El Gabinete de la Contraloría General fue creado para desarrollar labores de apoyo a la jefatura de servicio. Sin embargo, pese a que sus tareas son principalmente de soporte y no sustantivas de línea, en la actualidad, luego de las diversas adecuaciones que le han sido realizadas”.
“Ha llegado a contar con una dotación funcionarial de 133 personas, que representan un 6,09% de la dotación total de la institución, por lo que dicho equipo se advierte sobredimensionado, tanto en su estructura como en su composición, pues además cuenta con 9 unidades y 10 jefaturas, como se aprecia en su organigrama”, complementó.
Esta resolución provocó el primer batacazo: sacó seis unidades de gabinete. El personal, según la resolución, se irá a labores en regiones o a la nueva división estrella creada esta mañana: División de Gobiernos Regionales y Municipalidades. Esta última, comentan, busca adaptar la fiscalización a los actos de corrupción de los gobiernos locales y regionales que tanto han impactado a la opinión pública, como lo que ocurre con el caso “líos de platas” y los alcaldes hoy formalizados por mal uso de recursos fiscales.
“Conforme a la presente resolución sus unidades bajaran de 9 a 3 y se reducirá su dotación destinando parte de ella a realizar labores directas de fiscalización, jurídicas, o de control de personal, ya sea en las Contralorías Regionales, en la nueva División de Gobiernos Regionales y Municipalidades o en otros equipos de línea”, se lee en la resolución que deja un organigrama más reducido.
Aprovechando además la contingencia, Pérez y su equipo decidieron poner énfasis en auditorías a municipios y gobiernos regionales.
Para la contralora (S) era necesario dotar al organismo de una “dependencia especializada y robusta en el ámbito de la regionalización y descentralización administrativa del país, que se encargue del control jurídico, contable y financiero de los gobiernos regionales y de los municipios. Resuelvo: Crease la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, como dependencia de la Contraloría General de la República”.
Entre las funciones, se lee en la resolución, está “fiscalizar y velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, el respeto del principio de probidad administrativa y el resguardo del patrimonio publico, por parte de los Gobiernos Regionales y de la Administración Municipal, como asimismo de las entidades privadas que administren fondos públicos y cumplen finalidades en dichos ámbitos y respecto de las cuales la Constitución o las leyes otorguen competencias a la Contraloría General de la República”.
Las salidas de abogados y funcionarios también marcaron su primera jornada. Hasta la tarde del lunes 18 de diciembre ya les había pedido el cargo a, al menos, 10 personas y ha hecho aproximadamente 50 ajustes de cargo y grado. Uno de las remociones, por ejemplo, fue el jefe de comunicaciones de Contraloría.
Junto a Pérez arribó quien oficiará como su jefe de gabinete, Alejandro Riquelme, además de quien reemplazará a Camilo Mirosevic en la División Jurídica, el abogado Víctor Hugo Merino.
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