El impulso para redactar esta iniciativa y pedir la audiencia en La Moneda surgió a raíz del reciente ataque que afectó a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
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La bancada de la UDI se reunió este lunes, en el Palacio de La Moneda, con autoridades de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para solicitar patrocinio al proyecto que busca extender la pérdida de la gratuidad a universitarios que cometan delitos graves.
En la sede de Gobierno, la cita fue encabezada por la subsecretaria General de la Presidencia, Constanza Castillo. La autoridad fue la encargada de recibir a la delegación de diputados gremialistas compuesta por Eduardo Crettón, Jaime Coloma, Mario Olavarría, Ricardo Neumann, Sergio Bobadilla y Guillermo Ramírez.
El impulso para redactar esta iniciativa y pedir la audiencia en La Moneda surgió a raíz del reciente ataque que afectó a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Cabe recordar que la secretaria de Estado sufrió una agresión mientras formaba parte de una actividad oficial llevada a cabo en las dependencias de la Universidad Austral de Chile.
Tras finalizar la reunión, el diputado que preside la comisión de Educación, Sergio Bobadilla, valoró la recepción del Ejecutivo. “Agradecemos la disposición del gobierno para acoger la propuesta que hicimos como bancada UDI, en el sentido de privilegiar el respeto a los derechos humanos de los estudiantes que sí quieren aprender, y no los supuestos derechos de los violentistas que están destruyendo la educación en nuestro país”, manifestó el legislador.
En esa misma línea, el parlamentario afirmó tener la certeza de que la administración actual “va a incorporar esta propuesta como una indicación o va a patrocinar nuestra iniciativa”.
Por su parte, Ricardo Neumann, quien también es integrante de la mencionada instancia legislativa, enfatizó el rechazo a los actos vandálicos en recintos académicos. El diputado remarcó que “la violencia no puede tener cabida en ningún espacio, y menos en las universidades, que debieran ser lugares de diálogo y formación”.
Respecto a los aspectos técnicos del texto, los congresistas detallaron que se establecerá una nueva causal para perder la gratuidad. Esta medida afectará directamente a los alumnos de educación superior que reciban condenas por “delitos graves contra la vida, la integridad de las personas, la propiedad o la infraestructura pública”. Dicha propuesta va en sintonía con el proyecto denominado “Escuelas Protegidas”, el cual fue ingresado por el Ejecutivo durante la semana pasada.
Finalmente, los legisladores de la UDI adelantaron que ingresarán una serie de indicaciones a la propuesta del Gobierno. Entre las modificaciones planteadas, destaca una que pretende bloquear no solo la gratuidad, sino que también el acceso a créditos, becas y cualquier otro beneficio social con cargo fiscal destinado a los estudiantes universitarios sancionados.
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