Sergio Bobadilla y Gustavo Benavente, le exigieron al Gobierno que presente una apelación al fallo que ordenó indemnizar al líder de la CAM como víctima de torturas durante la dictadura.
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Los diputados UDI, Sergio Bobadilla y Gustavo Benavente, solicitaron al Gobierno que apele al fallo de la Justicia que ordena indemnizar al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, con $12 millones, por hechos que tomaron lugar en el año 1988.
Los parlamentarios aseguran que el Ejecutivo "tiene la obligación" de acudir a todas las instancias judiciales necesarias para oponerse a la sentencia. En ese sentido, recordaron las polémicas declaraciones del dirigente mapuche respecto de "preparar las fuerzas" y "organizar la resistencia armada".
A su criterio, sería "completamente inaceptable que el Estado lo considere una víctima y tenga que indemnizarlo", y estiman que "al Gobierno ya le tembló la mano al no querellarse en contra de Llaitul por Ley de Seguridad Interior del Estado, existiendo todos los antecedentes para hacerlo".
"Esperamos que esta vez no se intimiden y sí recurran a todas las instancias que tengan a su alcance para impedir la indemnización a un líder terrorista", acotaron los gremialistas.
Bobadilla y Benavente indicaron que "no podemos permitir que el mismo Estado al que él le declara la guerra, ahora le esté financiando su propia subversión", y que "sería el colmo que con los impuestos de todos los chilenos estemos subvencionando a los grupos narcoterroristas que operan en nuestro país".
"Si el Gobierno tiene la real intención de enfrentar a estas organizaciones criminales, lo primero que debiese hacer es anunciar su apelación (...) Las actuales autoridades no pueden quedarse de brazos cruzados viendo cómo un líder terrorista se sale con las suyas", recalcaron.
Finalmente, hicieron hincapié en que "son decenas las víctimas que han sido asesinadas por esta organización criminal, diariamente están realizando atentados terroristas en la Macrozona Sur y ahora, encima, el Estado podría estar financiando a uno de sus principales líderes".
Llaitul había presentado una demanda contra el Estado por haber sido víctima de crímenes durante la dictadura, cuando era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En su demanda, el comunero mapuche solicitó un pago indemnizatorio de $200 millones.
Esta demanda fue la acogida por el 7° Juzgado, el cual, aunque aceptó el reclamo, falló parcialmente a favor del líder de la CAM, condenando al Estado a pagar solo 12 de 200 millones de pesos solicitados.
La sentencia del día 31 de mayo, llegó días después de que el Juzgado de Garantía de Temuco declarara admisible una querella en contra de Llaitul por el delito de asociación ilícita, luego del polémico llamado del comunero, para “organizar resistencia armada” ante la instalación del Estado de Excepción.
De acuerdo a los archivos de la Comisión Valech II y el fallo judicial, el líder de la CAM fue detenido por Fuerzas Especiales de Carabineros el 28 de abril de 1988, junto a otros estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, quienes se movilizaban contra la dictadura.
Llaitul fue llevado a la Comisaría Central de Valparaíso e imputado con cargos relativos a la Ley de Control de Armas e infracción al Código de Justicia Militar. Por lo que, por orden de la Fiscalía Naval de Valparaíso, fue recluido en la Cárcel de Quillota.
Allí "lo mantuvieron incomunicado durante 10 días en los que fue sometido a torturas y tratos inhumanos y degradantes por agentes de la CNI, mediante la aplicación de corriente eléctrica mientras estaba esposado y con la vista vendada, para finalmente ser dejado en libertad, demostrando con ello el proceder arbitrario de Carabineros, la Fiscalía Naval y la CNI", detalla el fallo.
El escrito judicial agrega que fue sometido a maltratos físicos y verbales “mediante golpes de puños y pies, posiciones asfixiantes, esposado de rodillas y sometido a posturas forzadas, con golpes continuos y burlas debido a su condición de Mapuche y miope”.
Además, fue "aislado en una celda sin luz, sin colchón ni baño, con solo una comida diaria consistente en un té y pan, donde fue interrogado por agentes de la Central Nacional de Informaciones CNI en tres ocasiones durante los diez días que permaneció incomunicado debido a su condición de estudiante de servicio social, debido a que en el centro de alumnos de su carrera fueron encontrados armas y explosivos", revela el escrito judicial.
El Consejo de Defensa del Estado defendió al fisco y rechazó la demanda de Llaitul. Sin embargo, el pasado 31 de mayo, la jueza Ramírez, del 7° Juzgado Civil de Santiago, decidió fallar parcialmente a favor de Llaitul y condenó al fisco a pagarle $12 millones por daño moral.
PURANOTICIA
