Esto, luego que el ministro de la cartera, Carlos Montes, asegurara en televisión que la "mano derecha" del dueño del terreno de la megatoma de San Antonio "está en el comando" de la abanderada oficialista.
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Los diputados UDI, Juan Manuel Fuenzalida y Gustavo Benavente, pidieron a Contraloría que se investigue la eventual participación de funcionarios públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la campaña presidencial de la candidata Jeannette Jara, luego que el ministro de esa misma cartera, Carlos Montes, asegurara en televisión que la "mano derecha" del dueño del terreno de la megatoma de San Antonio "está en el comando" de la abanderada oficialista.
“Lo que nos parece grave de una persona que también forma parte del comando de Jeannette Jara y sería la mano derecha de los propietarios de esta toma de San Antonio (...) nos parece de una gravedad absoluta estos dichos, porque la toma de San Antonio se encuentra en un proceso judicial y ha sido objeto de negociaciones", comentó Fuenzalida.
El diputado Benavente agregó que "la verdad es que la presencia de un ministro tan inoperante como el señor Montes sólo se justifica como integrante de un gobierno tan malo como el actual".
Agregó que el desempeño del ministro Montes “ha sido deficiente e impropio para el cargo que ocupa. Primero toleró actos de corrupción dentro del ministerio, luego ha intentado negociar fallos judiciales, y ahora nos enteramos de que funcionarios públicos estarían directamente involucrados en una campaña presidencial. La Contraloría debe investigar si aquí se está incumpliendo el dictamen que obliga a la prescindencia electoral por parte de las autoridades”.
Los parlamentarios recalcaron que no se trata únicamente de una infracción administrativa, sino de una situación que podría tener efectos concretos sobre decisiones políticas, jurídicas y presupuestarias en temas sensibles como la toma de terrenos y la entrega de subsidios habitacionales.
"Queremos que se aclare quiénes son estos funcionarios, qué rol cumplen en el comando y si su participación se ha desarrollado dentro del horario laboral o con recursos públicos. Aquí hay antecedentes que deben transparentarse con urgencia", concluyó Fuenzalida.
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