Flor Weisse y Daniel Lilayu presentaron una denuncia ante el Ministerio Público solicitando iniciar una investigación por un eventual delito de tráfico de influencias, a raíz de los antecedentes contenidos en el Informe Reservado N°38 de la Contraloría General de la República.
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Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse, jefa de bancada, y Daniel Lilayu, presentaron este lunes una denuncia ante el Ministerio Público solicitando iniciar una investigación por un eventual delito de tráfico de influencias, a raíz de los antecedentes contenidos en el Informe Reservado N°38 de la Contraloría General de la República, emitido el 9 de marzo de 2026.
El caso se remonta a fines de diciembre del año pasado, cuando se conoció públicamente que la madre de la entonces ministra de Salud, Ximena Aguilera, fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital del Salvador en un tiempo significativamente menor al habitual. Según antecedentes difundidos en su momento, la paciente habría sido ingresada a pabellón sin cumplir con procedimientos administrativos regulares, lo que habría alterado la programación de cirugías.
A partir de estos hechos, y tras una solicitud impulsada por parlamentarios de la UDI, la Contraloría llevó adelante una investigación especial para determinar si existieron irregularidades en el proceso de atención. El informe concluyó que hubo una atención preferente sin justificación, junto con una serie de actuaciones irregulares antes y después de la intervención.
Entre los hallazgos, se constató que el entonces jefe de asesores del gabinete ministerial realizó gestiones previas con altos funcionarios del hospital para advertir sobre la llegada de la paciente, lo que derivó en coordinaciones internas para su atención. Asimismo, se evidenció que ese mismo día existían otros pacientes en condiciones similares con tiempos de espera considerablemente mayores, incluso superiores a las 100 horas, además de cirugías que fueron postergadas.
La Contraloría advirtió que estas acciones podrían vulnerar el principio de probidad administrativa, al implicar el uso indebido de una posición de poder para influir en decisiones públicas, además de afectar el derecho a la igualdad ante la ley en el acceso a la salud. El organismo instruyó, además, la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas.
A juicio de los parlamentarios gremialistas, los antecedentes también podrían configurar el delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 240 bis del Código Penal, por lo que consideran indispensable que la Fiscalía investigue los hechos.
“El informe de la Contraloría nos da totalmente la razón. Aquí claramente se faltó a la probidad administrativa y hay hechos que deben ser investigados por la justicia. No puede haber ningún chileno por sobre otro. Nuestro requerimiento apunta a que se investigue un eventual tráfico de influencias, que está penado por la ley, y que se sancione a todos los responsables”, señaló el diputado Daniel Lilayu.
En la misma línea, la jefa de bancada gremialista, Flor Weisse, sostuvo que “hemos concurrido ante el Fiscal Nacional para que se investigue si existen hechos constitutivos de delito, como el tráfico de influencias. En la administración pública esto es impresentable, especialmente en un área tan sensible como la salud, donde miles de chilenos esperan por años una atención. La igualdad ante la ley y el acceso a derechos deben garantizarse de manera efectiva”.
El diputado Lilayu agregó que este tipo de situaciones no sería aislado, recordando investigaciones previas en el sistema de salud. “Nadie puede saltarse la lista de espera. Aquí hubo gestiones indebidas, coordinación interna y alteraciones que deben ser investigadas. Estamos hablando de pacientes que esperaron días, mientras otros fueron atendidos en pocas horas. Eso es grave y genera indignación en la ciudadanía”, afirmó.
Finalmente, los parlamentarios solicitaron que, en caso de iniciarse una investigación, el Ministerio Público oficie a la Contraloría para remitir copia íntegra del informe, con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos y la eventual determinación de responsabilidades penales.
PURANOTICIA
