Los parlamentarios pidieron a la Contraloría establecer si se cumplieron las observaciones de la entidad, específicamente sobre 13 casos mencionados por el ente contralor en una auditoría anterior.
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Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton, Diego Schalper, Miguel Mellado y Frank Sauerbaum, solicitaron a la contralora (s) Dorothy Pérez un informe de seguimiento de las pensiones de gracia entregadas a los afectados en las manifestaciones de octubre de 2019, en contexto de estallido social.
Los parlamentarios pidieron a la Contraloría establecer si se cumplieron las observaciones de la entidad, específicamente sobre 13 casos mencionados por el ente contralor en una auditoría anterior y si se han revisado los antecedentes de los 10 casos objetados, incluyendo la posible revocación de las pensiones cuestionadas.
El requerimiento subraya la necesidad de una revisión exhaustiva de la situación actual, dado que algunos beneficiarios de estas pensiones poseen antecedentes penales, lo cual contraviene los criterios establecidos para la concesión de este beneficio.
Los parlamentario denuncian que a más de seis meses de haberse emitido el informe de la Contraloría y las observaciones de la Comisión Asesora Presidencial de Pensiones de Gracia, aún existen casos de beneficiarios que continúan recibiendo el beneficio a pesar de no cumplir con los requisitos.
Un ejemplo es el de Juan Francisco Villalobos Prado, formalizado por el delito de estafa en 2022 y prófugo de la justicia hasta 2024.
“Hay 69 personas con antecedentes penales y el gobierno sólo revocó 27. Eso no tiene presentación y esperamos que Contraloría le haga un seguimiento exhaustivo a estas pensiones de gracia”, dijo el diputado Longton.
“Han pasado más de seis meses desde que hicimos la representación por eventual fraude al fisco y prevaricación y no hemos tenido ninguna respuesta. Mientras tanto, la plata de todos los chilenos se sigue despilfarrando de esta manera”, agregó.
“Da la impresión de que este es un gobierno que se congracia cada cierto tiempo con el octubrismo y que le cuesta cortar el cordón umbilical con la primera línea que gran parte le dio contexto a los hechos que motivaron la irrupción del presidente Boric”, dijo por su parte Diego Schalper.
En ese sentido, agregó, “emplazamos al gobierno a cortar el cordón umbilical con el octubrismo, a hacer lo que tiene que hacer y ojalá la ministra Tohá más temprano que tarde deje sin efecto todas aquellas pensiones de gracia que tengan huellas digitales del octubrismo del 2019”.
Los diputados de RN solicitaron que la Contraloría verifique si las recomendaciones del informe de auditoría han sido implementadas y que se establezca si los casos objetados han sido evaluados adecuadamente.
Además, pidieron que se consulte a los organismos pertinentes por qué no se ha revocado la entrega de 23 pensiones de gracia, y que se determine si la mantención de estas pensiones constituye fraude al fisco, remitiendo los antecedentes al Ministerio Público si corresponde.
En ese sentido, el diputado Miguel Mellado llamó al Gobierno a “cumplir los mandatos de Contraloría, para eso es Contraloría”.
“La Contraloría el año pasado ya le dijo que tenía que echar para atrás los 69, ¿cierto? De acuerdo al informe que le emitió, y no ha hecho absolutamente nada, solo fueron 27 de los 69 (casos). Entonces, ¿qué espera? ¿Que la orden le llegue del Partido Comunista? Porque creo que el que está mandando el país a quien hay que pedirle permiso para entrar en registro, a quien hay que pedirle permiso para echarle algún asesor”, ironizó el legislador.
“Queremos saber si el gobierno va a cumplir las órdenes de Contraloría, o efectivamente va a estar por sobre, como dice Revolución Democrática, un ser superior, moralmente, al resto de los chilenos”, subrayó.
Por su parte el diputado Frank Sauerbaum, afirmó que el Gobierno está “permanentemente solicitándonos que aprobemos una nueva reforma tributaria para aumentar la tributación, para recaudar más, y permanentemente gasta y despilfarra los recursos que son cada día más escasos”.
“Hoy día no solamente tenemos las pensiones de gracia, tenemos el último año contratado a 31 mil personas en el Estado que tienen un costo de más de mil millones de dólares. Por lo tanto, la administración de los recursos del Estado está siendo tremendamente ineficiente, y eso lo están pagando los chilenos cada día”, agregó.
Por lo tanto, insistió el diputado RN, “le pedimos al gobierno que por lo menos dé una señal de claridad de que los escasos recursos del Estado se administran adecuadamente y se termine con estas pensiones de gracia que se le han dado a los delincuentes”.
PURANOTICIA
