El hecho se conoció luego de la difusión de algunos videos en redes sociales que muestran a internos con alcohol, celulares, música y un asado dentro del penal.
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Diputados de Renovación Nacional (RN) enviaron una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, solicitando que el Ministerio Público investigue de oficio la celebración registrada en el módulo 35 del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
El hecho se conoció tras la difusión de videos en redes sociales que muestran a internos con alcohol, celulares, música y un asado dentro del penal.
Los legisladores firmantes, Frank Sauerbaum -jefe de bancada-, Carla Morales -subjefa-, Andrés Longton, Hugo Rey, Diego Schalper (integrantes de la comisión de Seguridad), además de María Luisa Cordero, exponen que este “evento social” ampliamente divulgado por los propios internos en sus redes sociales, “evidencia una trasgresión grave al régimen penitenciario y constituye de manera clara un despropósito con los objetivos de seguridad y rehabilitación que se persiguen con el sometimiento penal”. Y recuerdan que el consumo de sustancias como alcohol en los recintos penales está impedido de acuerdo al régimen penitenciario.
Precisan que lo sucedido los días 8 y 9 de noviembre, indicaría “circunstancias de eventual corrupción por parte de funcionarios de Gendarmería de Chile puesto que no es sencillo idear la manera en que todos los elementos incautados ingresaron al recinto penal, incluyendo una alta cantidad de carne para asado y bebidas alcohólicas”. Cabe señalar, además, que se requisaron al menos 24 aparatos celulares.
También se señala en la misiva que el Código Penal en sus artículos 304 bis y 304 ter “prevé y sanciona tanto el ingreso, como la tenencia injustificada de elementos prohibidos en recintos carcelarios, sancionándose especialmente a los funcionarios de Gendarmería de Chile que incurrieren o tolerasen estas conductas. Otras figuras, como el cohecho, sancionan también las actuaciones corruptas de los empleados públicos”.
Para los diputados de RN, no basta con las “investigaciones internas” que comunicó Gendarmería para esclarecer lo sucedido, sino que todo debe complementarse “con la intervención de este Ente Persecutor en ejercicio de la plenitud de herramientas que la legislación le confiere”.
Apuntan que “la irreverencia con la que estos sujetos actúan (...) es una muestra de fuerza y desafío al Estado". Afirman en su misiva que, si se tolera este tipo de excesos, seguramente se permiten otras expresiones menos vistosas, pero más complejas desde la perspectiva del combate a la criminalidad y el contexto que atraviesa nuestro país, como el uso de teléfonos celulares”.
Y agregan que “con este margen de libertad e impunidad es imposible cortar las redes criminales que según se ha denunciado reiteradamente, operan desde las cárceles”.
Concluyen que “no hay política de seguridad que tolere este nivel de libertad por parte de quienes luego de años y millones de pesos del erario fiscal, son sometidos al proceso penal y condenados. De ahí que esperamos, el Ministerio Público disponga una atención preferente a este caso como la punta del iceberg que atenta contra las posibilidades de éxito en contra del crimen organizado”.
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