Un grupo transversal de parlamentarios ofició al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para recalificar los hechos ocurridos en la Universidad Austral, argumentando que la retención fue un delito mayor.
visitas
A través de un oficio dirigido al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, un grupo de diputados requirió al Ministerio Público que se amplíen las indagatorias en torno a los incidentes registrados en la Universidad Austral de Chile. La petición busca que la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, sea investigada bajo la figura penal de secuestro.
La iniciativa fue promovida por los diputados Francisco Orrego (RN), Patricio Briones (PDG), Catalina del Real (PRep), Constanza Hube (UDI), Eduardo Durán (RN), Juan Carlos Beltrán (RN) y Pier Karlezi (PNL). A juicio de los parlamentarios, el hecho de que la secretaria de Estado haya sido retenida en medio de una manifestación estudiantil reviste una gravedad mayor a la tipificada originalmente.
Este requerimiento se da a conocer mientras el ente persecutor desarrolla una serie de diligencias bajo estricta reserva. Asimismo, la solicitud surge luego de que el Gobierno presentara una querella orientada a castigar a quienes resulten responsables del ataque perpetrado dentro del recinto de educación superior.
Exigiendo una recalificación de los delitos, el diputado Francisco Orrego adoptó una postura categórica frente al caso. "Lo que vimos en la Universidad Austral no fue una simple manifestación ni un incidente aislado, fue una retención forzada en contra de la voluntad de una ministra de Estado", aseveró.
En la misma línea, el legislador detalló los motivos de la acción: "por eso, he solicitado formalmente al Fiscal Nacional que se incluya la hipótesis de secuestro en la investigación. Aquí hubo una limitación clara de la libertad ambulatoria por un lapso suficiente para configurar este tipo penal".
Además, el representante de Renovación Nacional emitió críticas hacia la estrategia judicial adoptada por el Ejecutivo. "El Gobierno se ha quedado corto en su querella. No se trata solo de proteger la función pública, se trata de proteger la libertad de movimiento que le fue arrebatada a la ministra Lincolao bajo amenazas", sentenció.
Para concluir su intervención, Orrego expresó: "Espero que la fiscalía regional de Los Ríos tome estas aprensiones y persiga la responsabilidad penal más alta para quienes resulten responsables de este acto condenable".
Por su parte, la diputada Catalina del Real hizo un llamado a no minimizar la situación vivida por la autoridad. "Como mujer y como parlamentaria, me parece inaceptable que se intente bajar el perfil a un acto donde una ministra de Estado fue retenida y violentada", declaró.
Profundizando en su análisis legal, la legisladora argumentó que "aquí se configuró un secuestro con el fin de coaccionar a una autoridad, y la justicia no puede ser débil en su calificación jurídica".
Finalmente, lanzó una dura advertencia sobre el rol de las casas de estudio: "no vamos a permitir que las universidades se transformen en zonas donde la ley no rige y donde la integridad física de las personas quede a merced de grupos radicales".
Sumándose a la tesis de sus pares, el diputado Patricio Briones reiteró que el episodio debe ser tratado bajo la figura de secuestro debido a su magnitud. "Lo ocurrido con la ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral es de una gravedad extrema y no puede ser minimizado bajo ninguna figura legal atenuada", puntualizó.
El parlamentario fue enfático al describir la dinámica del ataque, señalando que "aquí hubo una retención forzada que impidió el libre tránsito de una autoridad de la República, y eso en cualquier Estado de Derecho se llama secuestro".
A modo de reflexión final, Briones concluyó: "Como parlamentarios, no podemos permitir que la violencia se normalice como un método de negociación política en las universidades".
PURANOTICIA
