El jefe de bancada, Juan Santana, confirmó el apoyo y aseguró que “vamos a ser responsables con la propuesta que construyó el Ejecutivo”.
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La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma constitucional que restringe el sufragio de extranjeros a partir de 2026, en una sesión marcada por el giro político del oficialismo, y el reconocimiento de errores por parte de sus propios legisladores.
Según informa La Tercera, el diputado Leonardo Soto (PS) expresó un mea culpa colectivo al respaldar la iniciativa: “Por nuestra propia incapacidad, en conjunto, de habernos puesto de acuerdo aquí en la Cámara, lo único que posibilitó es que el Senado lo hiciera y hoy día nosotros nos estamos subordinando a eso, por nuestra propia incapacidad”. Consultado por este medio, agregó que “la inmensa mayoría de la bancada va a apoyar con mucha fuerza y determinación el acuerdo al que se arribó en el Senado”.
Este acuerdo, impulsado por la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (independiente), contempla dos reformas clave: la restricción al voto extranjero y la aplicación de multas por no votar, esta última exigida por la oposición para reforzar el carácter obligatorio del sufragio. Mientras la primera regiría desde 2026, la segunda podría aplicarse ya en las elecciones de fin de año.
Hasta hace pocos días, los diputados oficialistas se oponían férreamente a la multa, rechazando el artículo central del proyecto presentado por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), lo que dejó a la ministra Lobos en una posición incómoda frente a los senadores de oposición, quienes respondieron bloqueando la agenda legislativa del Ejecutivo.
La sesión de este martes fue interpretada como una señal de rectificación. Aunque solo se votó la reforma sobre el voto extranjero, los parlamentarios entendían que ambas iniciativas forman parte de un pacto mayor, refrendado por el Presidente Gabriel Boric.
El jefe de bancada PS, Juan Santana, confirmó el respaldo: “Vamos a ser responsables con la propuesta que construyó el Ejecutivo, donde se consideran las inquietudes prioritarias que tiene cada sector, es decir, legislar para que existan multas, en este caso para los chilenos y chilenas, y por otra parte dar una discusión con las exigencias para que personas extranjeras puedan tener el derecho a votar en Chile”.
La reaparición del ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), en el Congreso también fue interpretada como un gesto de alineamiento. Tras semanas sin presencia legislativa, sostuvo conversaciones con diputados de su partido para reducir la resistencia al acuerdo promovido por Lobos, respaldado además por la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic.
Con el apoyo socialista, el Ejecutivo y la oposición podrían enfrentar con mayor holgura la votación de ambas reformas, programada para el lunes 29 de septiembre a las 16 horas. La reforma constitucional requiere 87 votos, mientras que el proyecto de multa necesita 77 respaldos.
Aunque la norma sobre sufragio extranjero cuenta con respaldo suficiente, la multa aún enfrenta resistencia. Sin el PS, solo sumaba cerca de 80 votos, lo que la dejaba vulnerable ante eventuales ausencias o desmarques.
En otras bancadas oficialistas persisten dudas. Algunos podrían aprobar la restricción al voto extranjero -medida que responde al temor de un “voto castigo” de la comunidad venezolana contra la izquierda- pero rechazar la multa.
La bancada PPD-Independientes sigue siendo la más reticente, junto a referentes del Partido Liberal y el Frente Amplio, como Gonzalo Winter. No obstante, la diputada Lorena Fries (Frente Amplio) adelantó que se ceñirá al acuerdo del Ejecutivo, aunque expresó reparos: “La sanción pecuniaria se aplicaría solo a chilenos y no a los extranjeros no nacionalizados”, lo que, a su juicio, genera desigualdad ante la ley.
Originalmente, el proyecto contemplaba multas de hasta $206 mil por no votar. El Senado redujo ese rango a entre $34 mil y $103 mil (0,5 a 1,5 UTM), buscando mayor viabilidad política.
PURANOTICIA
