El parlamentario Rubén Oyarzo manifestó que como bancada "solicitamos al Gobierno que acepte la renuncia del amigo del Presidente para que no pasen un bochorno el día de mañana".
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La bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) anunció que votarán a favor de la acusación constitucional que enfrentará este jueves el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.
El parlamentario Rubén Oyarzo sostuvo que "nosotros creemos que una acusación constitucional es una herramienta de los parlamentarios jurídica y política. Por eso es que creemos que acá hay mérito jurídico respecto de las presiones que recibió la exseremi Patricia Hidalgo y también que por los temas de la niñez hay mérito jurídico y que se debe investigar a lo menos".
"Nosotros como PDG vamos a votar a favor de la acusación constitucional", dijo Oyarzo en nombre de los cuatro legisladores.
Sumado a lo anterior, añadió que como bancada "solicitamos al Gobierno que acepte la renuncia del amigo del Presidente para que no pasen un bochorno el día de mañana, porque creemos acá que hay mérito jurídico y además hay mérito político de sobra".
Más temprano, la comisión revisora rechazó la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano a principios de enero. Sin embargo, la instancia no es vinculante, e igualmente este jueves se votará la acción en la Cámara Baja.
La votación fue dividida con tres votos en contra, que fueron de las parlamentarias Karol Cariola (PC), Clara Sagardía (Ind. FA) y Ericka Ñanco (RD); un voto a favor de Bernardo Berger (RN); mientras que el diputado Joaquín Lavín (UDI) se abstuvo.
Dentro del debate en la comisión, Lavín desechó los argumentos de la AC y sostuvo, en relación con la salida de la exseremi Patricia Hidalgo, que se ordenó a cumplir con la ley y que "algo grave hubiera sido que si hubieran instruido a la seremi que votara contraviniendo lo que dice el informe, pero no es el caso".
"¿Existen responsabilidades políticas? El ministro es el jefe de la cartera y siempre será responsable de lo que pase allí", pero aclaró que la acusación "carece de argumentos jurídicos que demuestren que el ministro haya infringido gravemente la Constitución y la Ley".
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