Según una investigación, el jefe de Estado intervino directamente en el traspaso de sus acciones por 152 millones de dólares a su amigo personal Carlos Alberto Délano en las Islas Vírgenes Británicas.
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Diversos parlamentarios de oposición se han mostrado abiertos a una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera en base a la polémica revelación del denominado «Pandora Papers», que vincula al Mandatario con la venta de la minera Dominga mientras ejercía su primera administración en 2010.
Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el jefe de Estado intervino directamente en el traspaso de sus acciones por 152 millones de dólares a su amigo personal Carlos Alberto Délano en las Islas Vírgenes Británicas.
En ese contexto, el diputado Jaime Mulet (FRVS) indicó que la situación "es lo más grave que ha ocurrido en este Gobierno. Creo que el Presidente tiene que irse. Voy a pedir la acusación constitucional, la voy a firmar con el mayor gusto en mi obligación moral a hacerlo".
"Pedí la renuncia a Piñera cuando empezó el estallido social ahí mismo, en La Moneda, el 25 de octubre. Y vaya que se hubieran evitado derramamiento de sangre y males en este país", añadió.
La idea también fue propuesta por el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), quien señaló: "Yo estoy por una acusación constitucional contra Piñera. Evade impuestos en paraísos fiscales y vende con una condición que dependía de él como presidente: que la zona no se convirtiera en reserva nacional. Eso se llama corrupción. No puede seguir gobernando".
En tanto, su par de la DC, Gabriel Silber, advirtió que "es altamente grave que el Presidente Piñera haya sujetado la aprobación de un permiso ambiental a una operación económica de la cual participa o tiene interés de carácter directo, esto pone en entredicho la independencia de la autoridad del Presidente de la República".
"Desde la oposición vamos a pedir máxima transparencia respecto a las actuaciones del Presidente, su familia o quienes lo representan en cuanto al proyecto Dominga, y no nos vamos a inhibir de ninguna acción de fiscalización, ya sea desde una comisión investigadora o incluso analizar el mérito de una acusación constitucional", añadió.
Mientras, el diputado Marcelo Díaz (Unir), consignó que la revelación "confirma que el presidente Sebastián Piñera usa la institucionalidad del Estado en beneficio propio, en este caso, para incrementar su ya abultado patrimonio, su enorme fortuna".
"Hace poco más de un mes se convocó a una sesión extraordinaria de la Comisión Ambiental de Coquimbo precisamente para aprobar este proyecto, cuando no había ninguna necesidad, ninguna urgencia, y esto confirma que se hizo para favorecer directamente al Presidente de la República en términos personales", complementó.
Asimismo, el diputado Marcos Ilabaca (PS) apuntó a que "por el bien del país Sebastián Piñera debe aclarar los graves hechos que este reportaje denuncia. Eso implica que debe transparentar todo y cada uno de estos antecedentes. Utilizaré todas las herramientas que la Constitución entrega para perseguir las posibles responsabilidades".
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