"Necesitamos saber quien dijo proceda, y evidentemente esperamos una acción del Presidente de la República en esta materia", indicó el parlamentario UDI, Jorge Alessandri.
visitas
Los jefes de bancada de Chile Vamos en la Cámara de Diputados emplazaron al presidente Gabriel Boric a solicitar la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, a raíz del traslado de dos internos mapuche desde la cárcel de Angol hacia el Centro de Educación y Trabajo (CET) de esa comuna y de un tercero a un centro asistencial.
La reubicación le puso fin a una huelga de hambre que 19 presos mapuche mantuvieron por 28 días. Los manifestantes exigían una serie de medidas, entre ellas la aplicación del Convenio 169 de la OIT, que considera derechos carcelarios para miembros de pueblos originarios.
Las críticas desde la oposición se enmarcan en las presiones que hubo detrás del traslado de los reos, entre ellas un ataque incendiario adjudicado por la Resistencia Mapuche Malleco donde se halló un lienzo con amenazas al alcaide del penal. “Luis Poveda (…). Linda casa y hermosa familia. Te tenemos en la mira”, consignaba la pancarta.
Además, los legisladores de derecha apuntan a la reunión en privado que sostuvo el director de Gendarmería de La Araucanía, Juan Navarrete, con el lonco de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, tras la cual se determinó la reubicación.
A ello se suma que si bien la ministra Ríos indicó inicialmente que se trataba de una decisión exclusiva de Gendarmería, luego cambió de postura y ofició a la institución carcelaria a emitir un informe por la situación.
En ese contexto, los diputados Andrés Longoton (RN), Jorge Alessandri (UDI), Francisco Undurraga (Evópoli), acompañados por su par del Partido de la Gente (PDG), Rubén Oyarzo, emplazaron al presidente Boric a tomar medidas.
"Necesitamos saber quien dijo proceda, y evidentemente esperamos una acción del Presidente de la República en esta materia", indicó Alessandri, advirtiendo que "de lo contrario" se estaría entregando una "señal nefasta". "Cualquier grupo radicalizado, en cualquier región del país, rodea una cárcel, el alcaide se sienta a negociar, y accede", consignó.
Consultado de por qué el caso es distinto a los beneficios que se le dieron a Celestino Córdova durante el gobierno de Sebastián Piñera, el gremialista respondió que "no recuerdo que haya habido una cárcel rodeada en ese momento con armamento de guerra. Los ministerios de Justicia siempre han negociado con los presos, el tema es que acá, el ministerio desliga la responsabilidad de Gendarmería y dice que la decisión la tomó el alcaide o el director regional".
"Como Cámara de Diputados buscamos responsabilidad política. ¿Quién autorizó esa decisión? No pueden decir acá que Gendarmería es autónomo, como lo decía otra ministra respecto a otra institución, Gendarmería no es autónomo", agregó el parlamentario.
Ante una eventual acusación constitucional, Alessandri indicó que "antes de que ocurra eso, creemos que el Presidente de la República debiera tomar una resolución respecto a la ministra. Después veremos si es Comisión Especial Investigadora o si es acusación constitucional lo que nos digan nuestros asesores que amerita".
"Lo importante ahora, es que el Gobierno demuestre que esto no es una costumbre, y que ningún grupo radicalizado puede rodear una cárcel en Chile y acceder a beneficios inmediatos", sentenció.
PURANOTICIA
