El texto aprobado establece que se pudieron detectar, gracias a auditorías y fiscalizaciones de la Contraloría General de la República, “reiteradas irregularidades administrativas y debilidades significativas en los controles asociados a la entrega y rendición de recursos públicos”.
visitas
La comisión de diputados que investiga las responsabilidades del Gobierno en el caso Procultura, arista del caso Fundaciones, aprobó el informe final por 8 votos a favor y una abstención (Tomás de Rementería, PS).
El texto establece que se pudieron detectar, gracias a auditorías y fiscalizaciones de la Contraloría General de la República, “reiteradas irregularidades administrativas y debilidades significativas en los controles asociados a la entrega y rendición de recursos públicos”.
En esa línea el presidente de la comisión, Andrés Longton (RN), precisó que el informe “refleja que Procultura se aprovechó deliberadamente de las instituciones para hacerse ilícitamente de recursos públicos, no teniendo la expertise y muchas veces aprovechando la complicidad, simpatía o cercanía que tenía con ciertas autoridades políticas de este gobierno para poder adjudicarse con mayor facilidad y con menor control de cuantiosos y millonarios recursos públicos en una fundación que muchas veces incluso tercerizó a través de los mismos funcionarios de la fundación para efectos de poder lucrar con fondos que eran precisamente para los más vulnerables”.
Según se establece en el documento, Procultura recibió grandes sumas de dinero “provenientes principalmente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante su programa de Asentamientos Precarios y Recuperación de Barrios, de diversos Gobiernos Regionales y municipalidades”. El monto en cuestión totalizaba aproximadamente 6 mil millones de pesos, distribuidos en al menos 7 regiones del país.
Longton, al referirse a las conclusiones del informe y votadas en la comisión, dijo que “son contundentes en atención a ciertas responsabilidades de algunos gobernadores como el señor Claudio Orrego y el señor Jorge Flíes de Magallanes por haber vulnerado el principio de probidad”.
También se destaca que existen investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público respecto a presuntos delitos “como fraude al fisco, apropiación indebida, tráfico de influencias y negociación incompatible”, investigaciones a cargo de la Fiscalía Regional de Coquimbo.
Un punto sensible que abordó la comisión, es que los hechos investigados no son aislados “sino más bien una problemática recurrente y sistemática que involucra diversas instituciones y actores públicos”. Lo que obliga, según se concluye, a considerar “con urgencia la necesidad de robustecer los controles administrativos (...) robustecer los controles administrativos, mejorar sustantivamente los mecanismos de fiscalización y adoptar medidas de prevención efectivas para evitar la reiteración de estos patrones excesivamente discrecionales en futuras asignaciones de recursos públicos y corporaciones sin fines de lucro”.
Por su parte, el diputado José Miguel Castro (RN), integrante también de la instancia investigadora, afirmó que las conclusiones son lapidarias “se ha hecho una estafa al Estado (...) una triangulación de dinero. Aquí se estafó en términos políticos y en términos de dinero a la gente. Es por eso que las conclusiones hablan muy bien con respecto a gobernadores regionales, a Miguel Crispi y a muchas autoridades de este gobierno, que aparte de no hacer la pega, incluso pudieron estar implicados en delitos. Ahora falta que sean ratificadas por la sala y también que la Fiscalía termine con el ciclo donde no nos sorprenderemos al ver a estas mismas personas probablemente formalizadas”.
Entre las principales conclusiones están “la insuficientes evaluación institucional que benefició a Procultura”, traduciéndose en la entrega de un cheque en blanco a la Fundación; “los conflictos de interés en la asignación directa y reiterada de fondos públicos” al detectarse instancias en las cuales las relaciones personales, políticas y comerciales entre integrantes clave de la fundación y autoridades públicas encargadas de autorizar asignaciones; “la omisión de inhabilidades y los vínculos no declarados entre gobernadores regionales y Fundación Procultura”; “la opacidad en las transferencias a Procultura”; y “la incapacidad del Estado para recuperar los fondos entregados a Procultura”.
Finalmente, se propuso impulsar iniciativas, ya en tramitación legislativa y que abordan temas como probidad y transferencias al interior de la Administración Pública, y aumentar los recursos a la Contraloría para dotar de mayor personal y así desarrollar de mejor forma su tarea de fiscalización.
PURANOTICIA
