La Comisión de Seguridad Ciudadana dio luz verde a un proyecto que tipifica robos en tumulto con penas de hasta 15 años y abrió el debate sobre armas ilegales y agentes encubiertos para delitos contra menores.
Con el respaldo unánime de sus integrantes, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde a una iniciativa legal destinada a endurecer los castigos frente a los ilícitos perpetrados por multitudes, acciones que han sido denominadas en la esfera pública como "turbazos".
El texto legislativo, que ahora quedó en condiciones de ser debatido en la sala de la corporación, introduce cambios al Código Penal con el propósito de instaurar una figura específica para el robo ejecutado mediante tumulto.
A través de un artículo único, la normativa determina que la sustracción de especies o dinero efectuada al interior de una oficina, un local comercial o un inmueble destinado a la vivienda será tipificada como robo. Por consiguiente, se sancionará con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, lo que se traduce en condenas que van desde los 5 años y un día a 15 años de cárcel.
Esta tipificación se aplicará específicamente cuando dichos sucesos, conocidos comúnmente como "turbazos", sean llevados a cabo por una agrupación de sujetos que se aprovechen de la multitud o el tumulto, sin que medie violencia o intimidación directa hacia las personas.
En medio de la discusión parlamentaria, las y los diputados recalcaron que el objetivo de esta propuesta es añadir una agravante por intimidación general. Esto se fundamenta en las características del hecho, aun cuando no se ejerce una acción violenta contra una persona en particular.
Paralelamente, la instancia legislativa comenzó a revisar otras dos mociones que buscan alterar la legislación penal. El primero de estos proyectos plantea tipificar el tráfico internacional, así como la fabricación y modificación ilegal de armas y sus componentes esenciales mediante tecnologías digitales.
En detalle, este documento busca castigar la elaboración clandestina de armamento, incluyendo la impresión 3D de las mismas. Asimismo, apunta a normar las piezas esenciales de armas de fuego, definir la categoría de arma clandestina y fortalecer la persecución penal de delitos cometidos con armamento ilegal o de alto poder.
Por su parte, el segundo proyecto en tabla plantea una modificación al Código Penal orientada a autorizar el uso de agentes encubiertos en Internet para la persecución de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Para abordar ambos casos, la comisión tomó el acuerdo de convocar a diversas entidades y personeros con el fin de que entreguen su opinión acerca de estas iniciativas. Entre los invitados a exponer destacan la ministra de Seguridad Pública, el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y la Defensoría de la Niñez.
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