El parlamentario del Partido Republicano pide que se investigue la recontratación de cinco funcionarios de la CAJ del Biobío y que significó el pago de cerca de 200 millones de pesos.
visitas
El diputado republicano, Cristóbal Urruticoechea, ingresó una denuncia a la Fiscalía Regional del Biobío, y a la Contraloría, por presunto fraude al fisco en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) del Biobío.
De acuerdo a lo señalado por el parlamentario, en enero de 2022 se despidieron a 10 trabajadores, en el marco de una reorganización de la entidad, basado en un informe de una empresa de auditoría externa.
Tras ser despedidos, los empleados demandaron al Estado y en esta tramitación, cinco de ellos llegaron a millonarios avenimientos -incluyendo la reincorporación a sus puestos en agosto-, considerando el pago de todos los meses de sueldo no trabajados.
"Cinco son recontratados, personas que además son de un sindicato afín, se detienen los concursos públicos, se recontratan a estas personas, se les hace ver que durante siete meses que se les cesó su cargo no se da a lugar con eso sino que se les recontrata como si ellos hubiesen trabajado, se les indemniza con cerca de 60 millones de pesos y se les pide la devolución de solo un poco más de 2 millones de pesos pagados en dos cuotas", manifestó el legislador del Partido Republicano.
Asimismo, subrayó que es "evidente que aquí hay una irregularidad, le pedimos a la Fiscalía y Contraloría que la estudie y la trabaje porque aquí hay un posibe delito de fraude al fisco que es gravísimo".
CAUSA DE DESPIDOS
De acuerdo al exseremi de Justicia del Biobío, Sergio Vallejos, la salida de los funcionarios fue "una reestructuración de la Corporación de Asistencia Judicial ordenada por el consejo directivo que es la autoridad máxima".
"Se contrató una empresa externa, Clio Dinámica Consulting, una empresa con vasta trayectoria que trabajó con el Poder Judicial, Defensoría y Fiscalía a nivel nacional; reestructuró todos los procesos internos y creó una orgánica distinta, estos cargos se hicieron innecesarios en virtud de la orgánica y esa es la razón por la que estas personas se les desvinculó y se pagó todas sus indemnizaciones", detalló la exautoridad.
Añadiendo que "se provoca un perjuicio fiscal, y la decisión de desvincularlos fue en base a estudios serios de una empresa que trabajó más de un año en la Corporación".
Por su parte, la actual seremi de Justicia del Biobío, Claudia Soto, sostuvo que "nos remontamos al informe de Clio Dinámica que es en el que se basa la reestructuración, pero siempre recomienda sociabilizar con las y los funcionarios de la CAJ, en ningún caso recomienda desvinculaciones. En marzo de 2021 el consejo vota la reestructuración y se aprueba, cuyo proceso sigue en pie pero llevándose a cabo de la manera correcta".
"Los montos fueron calculados al monto en que fueron desvinculados los funcionarios, es decir, visados por la autoridad de turno, el seremi de turno. Estos montos no salen de esta administración", cerró Soto.
PURANOTICIA
