El parlamentario exige que se deje sin efecto la resolución de 2022 que otorga prioridad de acceso a salas cuna y jardines infantiles públicos a hijos de extranjeros que ingresaron clandestinamente al país.
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El diputado Andrés Longton ofició a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) para que se deje sin efecto la resolución de 2022 que otorga prioridad de acceso a salas cuna y jardines infantiles públicos a hijos de extranjeros que ingresaron clandestinamente al país.
En el documento, el parlamentario advirtió que esta política “es un incentivo directo a la migración ilegal, genera un trato injusto hacia las familias chilenas y hacia los migrantes que respetaron nuestras leyes, y está saturando servicios que ya no dan abasto".
“El 22 de septiembre de 2022, este Gobierno dictó la resolución Nº 560, que establece que los hijos de migrantes ilegales —es decir, de personas que ingresaron clandestinamente a nuestro país— tendrán la primera prioridad para acceder a jardines infantiles de la Junji, financiados con los recursos de todos los chilenos. En la práctica, esto significa otorgarles ventaja por sobre hijos de chilenos y chilenas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, como hijos con discapacidad, hijos de padres con discapacidad o hijos de madres solteras, quienes quedan relegados a una segunda prioridad. Es inaceptable que quienes cumplen la ley y viven realidades difíciles tengan menos oportunidades que quienes la han infringido. Una injusticia que el presidente Boric no ha querido corregir, pero que nosotros vamos a revertir a partir de marzo de 2026”, señaló.
“No es justo que mientras madres y padres esperan por un cupo para cuidar a sus hijos y poder trabajar, el Estado priorice a quienes ingresaron de forma irregular. La política migratoria y social debe basarse en el respeto a la ley y en el acceso equitativo a los beneficios”, enfatizó.
El legislador recordó que en distintas comunas del país se ha denunciado una grave falta de cupos en salas cuna y jardines infantiles Junji e Integra, lo que, a su juicio, hace “aún más incomprensible” mantener un criterio de priorización que “socava la credibilidad de nuestras instituciones y tensiona innecesariamente los servicios públicos”.
PURANOTICIA
