El diputado del FA criticó el uso de la acusación constitucional y defendió el proyecto impulsado por el Gobierno.
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La advertencia de la UDI de recurrir a una acusación constitucional volvió a tensionar el debate político en torno a la reforma impulsada por el Gobierno sobre las condiciones de despido de funcionarios públicos a contrata. Esta vez, la reacción vino desde el oficialismo, luego de que el presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, apuntara directamente al ministro de Economía, Nicolás Grau.
Desde la oposición, la UDI sostuvo que avanzará en ese camino si el Ejecutivo no frena la iniciativa. “Si el ministro Grau no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a a usar constitucionalmente en marzo, por lo que se puede dar por notificado”, señalaron desde el partido.
Las declaraciones generaron una rápida respuesta del diputado Diego Ibáñez (FA), quien cuestionó con dureza el anuncio y el uso del mecanismo constitucional. A su juicio, se trata de “francamente una utilización no democrática del instrumento de acusación. Menos si la propuesta de ley es menos restrictiva para las jefaturas que una votada a favor en la Comisión de Trabajo por los propios diputados de la UDI y de Chile Vamos”.
El parlamentario oficialista fue más allá y puso en duda la seriedad del planteamiento realizado por la dirigencia gremialista. “Es difícil tomarse en serio la declaración de Guillermo Ramírez, presidente de la UDI… Si no le gusta la ley, pues vote en contra. La derecha ha presentado 9 Acusaciones Constitucionales y todas rechazadas”, sentenció.
El cruce se enmarca en la decisión del ministro Nicolás Grau de confirmar el ingreso al Congreso de una norma que establece nuevas exigencias para el despido de funcionarios a contrata, medida que la oposición ha calificado como una iniciativa de “amarre” ante el próximo cambio de gobierno.
La propuesta forma parte de un proyecto misceláneo incluido en el reajuste al sector público y ha generado controversia transversal. En términos concretos, plantea que el despido de este tipo de funcionarios debe estar debidamente fundado y que, en caso contrario, se pueda solicitar una revisión ante la Contraloría General de la República.
En este contexto, el propio ministro Grau defendió el contenido de la iniciativa, argumentando que su objetivo es “evitar arbitrariedades” en los procesos de desvinculación, precisando que el cambio central no radica en la exigencia de fundamentación —ya existente—, sino en trasladar la instancia de revisión desde los tribunales al organismo encabezado por Dorothy Pérez.
PURANOTICIA
